Tegucigalpa – La denuncia realizada por el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales, acerca de posibles acuerdos políticos en el proceso de elección de fiscales del Ministerio Público (MP), ha generado un debate en el país.
Expertos y representantes de diferentes sectores expresan su preocupación y consideran que estas denuncias deben tomarse en cuenta para mejorar la transparencia y generar confianza en la población.
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, enfatiza la importancia de considerar este tipo de denuncias. Según él, es necesario tomar acciones para evitar que el proceso de selección de fiscales esté influenciado por acuerdos políticos, lo cual podría minar la confianza en el sistema de justicia.
Madrid señala que los profesionales del derecho más capacitados podrían abstenerse de participar si perciben que solo están validando un proceso político en el cual los puestos ya están distribuidos entre los actores políticos.
Por su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Rodríguez, ha generado inseguridad al afirmar que todo forma parte de un acuerdo político para que el próximo Fiscal General sea de su partido. Estas declaraciones aumentan las dudas sobre la imparcialidad y la transparencia en el proceso de selección.
Actualmente, se conocen los representantes de la Junta Proponente, del Poder Judicial, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y del Colegio de Abogados de Honduras.
Sin embargo, aún falta la nominación de dos representantes, uno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y otro de las universidades privadas, así como el representante de las organizaciones de la sociedad civil, para completar la composición de la junta.
Ante esta situación, es fundamental que las autoridades competentes tomen en serio las denuncias y adopten medidas para garantizar un proceso de selección de fiscales transparente y basado en el mérito.
La elección de fiscales idóneos y comprometidos con la justicia es fundamental para fortalecer el sistema judicial y brindar confianza a la ciudadanía. La transparencia en este proceso es esencial para el Estado de derecho y para el cumplimiento de los derechos y garantías de todos los hondureños.
