Tegucigalpa. – El analista político Edgardo Rodríguez, reveló este jueves que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), que dirige el fiscal Luis Javier Santos, promueve requerimiento fiscal para más de 70 periodistas, mencionados en el caso “Hermes”, ligados a pagos por servicios en el pasado gobierno.
En ese sentido, anunció que, “procederemos con una demanda ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, es una franca violación a la libertad de expresión del actual gobierno al tratar de perseguir a periodistas que vendieron publicidad al gobierno pasado”.
“Los impulsores de violentar la libertad de expresión son Luis Javier Santos, detrás Luis Redondo y Jari Dixon, le pedimos a la presidenta pare este atentado”, añadió.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) también lo alertó, asegurando es con la intención de “desprestigiar y destruir la reputación” de los comunicadores señalados.
“Vigilantes ante una acción mal intencionada que se estaría fraguando contra de periodistas hondureños con la franca intención de desprestigiar y destruir su reputación”, mencionó en una publicación hecha por el gremio periodístico en sus cuentas oficiales de redes sociales.
Agregó que esas acciones pretenden atentar contra la libertad de expresión, así como a los medios de comunicación del país, por lo que expresó: “Atentos compañeros. No nos van a callar”.
Asimismo, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, dijo que, “en cuanto al requerimiento fiscal contra periodistas, llamamos a la prudencia jurídica, por querer hacer y congraciarse, no sé deben cometan errores, que después no se puedan reparar”.
Caso Hermes
El Ministerio Público, a través de la Uferco, presentó en febrero de 2021 el caso de corrupción denominado “Hermes”, en el cual aseguró que los fondos públicos fueron sustraídos a través de la empresa de “Maletín” Servicios e Inversiones AID, caso que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por haber dos secretarios de Estado entre los acusados.
Conforme a las investigaciones, a inicios del 2014, la ministra en Comunicaciones y Estrategia, solicitó al Ministro de Gestión Financiera de Casa Presidencial, la contratación de la empresa Servicios e Inversiones AID, la cual suscribió 29 contratos de manera directa y sistemática hasta el mes de diciembre del 2016, entre Casa Presidencial y la referida empresa, para la prestación de ”Servicio de manejo en la entrega de publicidad a medios de comunicación empresarial e independiente de forma digital y física a medios radiales y de televisión a nivel nacional según listado de medios entregado por el contratante”, que sumaron 98 millones 313 mil de lempiras.
El total de fondos acreditados a la empresa Servicios Inversiones AID fue de 122 millones con 105 mil lempiras, cantidad que sobrepasa en más de 49 millones de lempiras el presupuesto aprobado a Casa Presidencial para el rubro publicidad y propaganda.
Además, los fondos públicos también fueron usados para compra de vehículos, boletos aéreos, préstamos, construcción de vivienda, pago de préstamos hipotecarios, elaboración de banderas para campaña política, diseño y montaje de restaurante, renta de vehículos blindados, compra de semilla para producción de vivero de palma africana, pagos de planilla de una empresa mercantil y compra de propiedad de 102 hectáreas de extensión cultivada de palma africana.
