Tegucigalpa – El estado de excepción en Honduras, que ya supera el año de vigencia sin una fecha clara de finalización, ha colocado a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en el centro de la controversia por presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos.
Junto con la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipamco) de la Policía Nacional, estas fuerzas han sido señaladas por organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, de estar implicadas en la desaparición forzada de al menos siete personas y la ejecución extrajudicial de otras cinco.
Las denuncias apuntan a una falta de acción por parte del Ministerio Público, del que se desconoce si ha iniciado alguna investigación al respecto.
El coronel Ramiro Muñoz, comandante de la Policía Militar y rector de las cárceles, ha sido el principal vocero de esta fuerza. Aunque públicamente asegura mantener una política de “puertas abiertas” hacia los organismos de derechos humanos y la sociedad civil, las denuncias revelan que en la práctica existen restricciones para acceder a las cárceles, afectando incluso a cuerpos de socorro como la Cruz Roja.
A pesar de que el coronel Muñoz ha negado estas acusaciones, no ha dejado de enviar mensajes intimidatorios a los organismos humanitarios cada vez que la conducta de los uniformados en las cárceles es puesta en tela de juicio.
Recientemente, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos denunció la muerte de al menos 90 personas privadas de libertad en las cárceles hondureñas en menos de un año, y demandó una investigación exhaustiva, argumentando que cualquier muerte en un recinto penitenciario o policial debe ser investigada según las normativas internacionales.
La respuesta del coronel Muñoz a estas graves denuncias fue despectiva, negando la veracidad del informe y comparando la situación en las cárceles hondureñas con la guerra en Ucrania.
“De dónde van a salir 90 muertos, por Dios santo, si aquí no es Ucrania”, declaró el militar en un tono molesto, desestimando las cifras presentadas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Estas acusaciones y la actitud de las autoridades militares han intensificado la preocupación sobre la situación de los derechos humanos en el país, en un contexto donde el estado de excepción sigue ampliando los poderes de las fuerzas de seguridad sin un control efectivo ni transparencia en sus acciones.
