Tegucigalpa – El oficialismo y la oposición en el Congreso de Honduras no logran consensos para elegir al nuevo Fiscal General, según analistas, porque quieren seguir con la impunidad y la corrupción.
La elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público por parte del Congreso de Honduras, alentaba la esperanza de un cambio en ese pequeño país centroamericano, azotado por los altos niveles de corrupción y de impunidad que tienen sumida a su población en la pobreza y la inseguridad.
Sin embargo, el panorama se torna más sombrío, debido en gran parte a las fuerzas políticas que integran el Poder Legislativo, que no logran ponerse de acuerdo para elegir a los nuevos jefes de la Fiscalía, según analistas, porque anteponen sus intereses partidarios.
“Me parece que la no elección del fiscal solo es una cadena de corrupciones que se han encarnizado en el país durante mucho tiempo”, expresó el excandidato presidencial y analista político, Olban Valladares.
El Fiscal General y el Fiscal General Adjunto deben ser electos de una lista de cinco candidatos en poder del Congreso, que fueron seleccionados por una junta proponente entre más de 100 postulantes.
Los diferentes partidos políticos representados en el Congreso eligen de los cinco aspirantes una nómina de dos candidatos que luego es sometida a votación. Las propuestas deben alcanzar 86 de los 128 votos en el Congreso.
El binomio propuesto por el oficialismo del Partido Libertad y Refundación (Libre) de Castro, apenas alcanzó los 52 votos en varias sesiones en las que fue sometido a votación, mientras que la sugerencia de la oposición, integrada por las otras dos fuerzas mayoritarias en el Congreso, los partidos Nacional y Liberal, tiene a la fecha 70 votos.
El 31 de agosto, día en que culminó su período el ahora exfiscal general Óscar Fernando Chinchilla (2013-2023), era la fecha tope para elegir las nuevas autoridades, pero el proceso se dilató por la falta de consensos de los diputados oficialistas y de la oposición para escoger a su sucesor.
De momento, quien fungía como Fiscal General Adjunto, Daniel Sibrián, se encuentra al frente del Ministerio Público de forma interina, mientras se eligen las nuevas autoridades, luego que Chinchilla saliera del país rumbo a Nicaragua para asumir su cargo como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia.
Políticos buscan impunidad
A criterio de Valladares, los diputados deben velar por los intereses del país y elegir a un Fiscal General y un Fiscal General Adjunto independientes, alejados de la intervención de los políticos, que buscan que siga creciendo la impunidad.
“El Fiscal General es el primera piedra en la escalera de la impartición de justicia, y si éste está sesgado y obedece a presiones de tipo político, comienza a violentar la Constitución, la ley, el debido proceso y el Estado de Derecho”, expresó Valladares.
“Lo que se está buscando es impunidad. Ellos (los diputados) quieren que a la hora que les cuenten las costillas (los investiguen), sencillamente que el fiscal no los vaya a crucificar de entrada. Lo que buscan es que cualquier acto de corrupción que puedan cometer ellos o sus correligionarios, no sean apuntados con la espada de la justicia desde el primer paso, que es la Fiscalía”, sostuvo el analista.
Chinchilla, quien estuvo en el cargo por dos períodos, es duramente cuestionado por no ejecutar en su administración la acción penal en contra de políticos ligados a actos de corrupción.
Inclusive se le critica porque nunca investigó al entonces presidente Juan Orlando Hernández, actualmente preso en una cárcel de Estados Unidos y donde espera el inicio de su juicio por tres delitos ligados al tráfico de drogas y uso de armas.
La llegada al poder de la presidenta Xiomara Castro, suponía un gobierno comprometido en la lucha contra la corrupción, como lo exteriorizó durante su campaña. Pero, contradictoriamente, una de las primeras acciones de su gobierno fue aprobar la Ley de Amnistía Política mediante decreto 04-2022, denominado “Pacto de impunidad”.
Ese decreto tenía como objetivo brindarles amnistía a funcionarios que tras el golpe de Estado de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales, esposo de la mandataria Castro, fueron perseguidos políticamente.
Sin embargo, el decreto fue aprovechado también para librar de culpa a exfuncionarios del expresidente Zelaya que fueron acusados por la Justicia de Honduras por delitos de corrupción, como la malversación de fondos.
Nepotismo y la CICIH
Aunado a eso, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una entidad no gubernamental de la sociedad civil, denunció el alto nivel de nepotismo de la administración de Castro, en la que además de tener como asesor a su esposo, tiene a sus hijos en importantes cargos dentro del engranaje gubernamental.
La presidenta Castro además prometió que, tras su toma de posesión, gestionaría ante la ONU, sin retrasos, la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). Pero, después de casi dos años de administración, eso no ha ocurrido.
El analista en temas de corrupción de la oenegé Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, manifestó que “este gobierno comenzó con mucha esperanza y mucha legitimidad, con altas expectativas de la ciudadanía, pero eso se ha ido diluyendo”.
El entrevistado considera que algunas actuaciones del Gobierno lejos de generar certidumbre, crean desconfianza, como es el caso de la Ley de Amnistía Política, lo que a su criterio demuestra que existe intención que continúe la impunidad y la falta de combate a la corrupción.
Aguilar dijo que la elección del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto era la oportunidad para que la clase política demostrara que existe voluntad de cambiar el futuro de Honduras en materia de justicia.
“Al final lo que estamos viendo es que el Congreso no ha dado esa luz verde, al no generar los consensos, y eso es visto desde una perspectiva de que están jugando al cálculo político”, apuntó.
No descarta que estén dilatando el proceso para presentar antes de finalizar la presente legislatura una reforma constitucional orientada a la creación de la figura de un segundo Fiscal General Adjunto para que las tres fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso (Libre, partidos Nacional y Liberal) se repartan los cargos.
El reto del nuevo Fiscal General, según Aguilar, será demostrar la despolitización y la capacidad de gerenciar el Ministerio Público, porque no solo tendrá que enfrentarse a los grupos de poder políticos y económicos, sino que se encontrará con una Fiscalía en crisis en cuanto a su funcionamiento.
Con información de DW
