Tegucigalpa – Según un informe publicado por la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en 2022 se produjeron en la nación al menos 50 incidentes de violaciones a la libertad de prensa y expresión.
El informe del ente gubernamental relata, una serie de incidentes que violaron la libertad de prensa y el derecho a la libre expresión tuvieron un impacto en el periodismo del país, incluyendo amenazas, agresiones, hostigamientos, intimidaciones, detenciones arbitrarias, reubicaciones forzadas e incluso la violenta y la muerte impune de cinco personas, entre ellos dos periodistas, dos comunicadores sociales y un camarógrafo.
En esta radiografía de la inseguridad de los trabajadores de los medios, cuatro personas que trabajaban en televisión y una persona que trabajaba en radio fueron asesinadas violentamente en 2022 en los departamentos de Lempira, Cortés, Choluteca, Atlántida y Francisco Morazán.
Al menos cuatro profesionales de los medios de comunicación fueron objeto de atentados contra su vida e integridad física en este escenario de violencia. Un caso ocurrió en Gracias, Lempira y el otro en Marcovia, Choluteca, ambos en Tegucigalpa, Francisco Morazán.
El camarógrafo, Ricardo Vila, fue atacado por desconocidos el 26 de mayo de 2022 y recibió un disparo en la cabeza. Este fue un acto despreciable.
El hecho ocurrió en la localidad de Santa Cruz, perteneciente a la jurisdicción del municipio de Marcovia en el departamento de Choluteca. Vila fue trasladado a un hospital por la gravedad de sus heridas; tres días después, falleció.
Asimismo, 17 comunicadores también denunciaron ser víctimas de amenazas. Se culpó a representantes del gobierno, funcionarios municipales y particulares en algunos de los incidentes.
Un periodista de un canal de televisión de San Pedro Sula en mayo de 2022 denunció haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes en sus cuentas de redes sociales.
Otro periodista aseguró que fue abusado verbalmente y que alguien lo amenazó con “pelarlo” por sacar a relucir en su programa temas sobre la actuación de algunas autoridades.
Al menos cinco personas han denunciado haber sido atacadas, y han culpado de sus ataques a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades de la construcción y ciudadanos particulares.
Mientras cubría un desalojo violento en las instalaciones de la Región de Salud de Choluteca en julio de 2022, un periodista de un canal de televisión fue atacado por agentes de la Policía Nacional.
Mientras un periodista de una cadena de televisión se encontraba en Tegucigalpa en agosto cubriendo una protesta noviolenta de empleados del Ministerio del Trabajo, miembros de colectivos del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) lo agredieron.
Además, hubo casos de abuso de poder, arrestos arbitrarios e intimidación de personas relacionadas con los medios de comunicación en 2022.
Al afirmar que Honduras sigue siendo una nación sin justicia para las víctimas ni castigo para los victimarios, la titular de la Conadeh, Blanca Izaguirre, fue directa.
Según ella, a los familiares se les niega el derecho a conocer la verdad debido a la continua impunidad en el país, lo que hace que el pueblo hondureño Siéntete indefenso y frustrado.
Según los datos preliminares, no se registraron condenas contra las responsables de las muertes violentas de periodistas y otros profesionales de los medios desde 2001.
El Defensor del Pueblo se mantuvo firme en su afirmación de que matar, intimidar y amenazar a los profesionales de los medios viola sus derechos fundamentales y reduce severamente su libertad de expresión.
Instó a los que se encargan de la seguridad de la nación a tomar medidas para evitar que estos crímenes violentos ocurran y a intensificar sus esfuerzos para considerar y condenar a los responsables de las muertes violentas de los que se conectan a los medios y castigar a los responsables de Ponga fin a este período de impunidad en la nación.
En Honduras, el periodismo se ha convertido recientemente en una industria de alto riesgo. Se puede inferir del análisis de los datos que desde 2001, las muertes violentas de individuos relacionadas con los medios han ocurrido en 16 de los 18 departamentos del país.
