Tegucigalpa – La situación de violencia que enfrentan las personas LGTBI en Honduras, donde los niveles de impunidad alcanzan el 93% en los delitos contra la integridad física y la vida de esta población.
La organización lésbica feminista Cattrachas ha registrado al menos 194 muertes violentas de personas LGTBI en los últimos siete años, de las cuales sólo el 23% fueron judicializadas y sólo hubo sentencia condenatoria en 13 casos, lo que indica que el 93% de estos crímenes aún están impunes.
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, ha denunciado la desmedida discriminación que hay contra las personas LGTBI, que se refleja no sólo en el aumento de las muertes violentas, sino también en la impunidad que rodea a la mayoría de estos casos, lo que niega a sus familiares el derecho a conocer la verdad.
Izaguirre ha cuestionado la indiferencia de las autoridades encargadas de la seguridad en el país, y ha subrayado la necesidad de que el Estado hondureño asuma su responsabilidad de juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
La Red Lésbica Cattrachas ha registrado que entre el 2017 y el 2022 murieron en circunstancias violentas alrededor de 115 hombres gays, 44 transexuales y 35 mujeres lesbianas, y se han registrado también 3 casos de personas LGTBI desaparecidas.
Además, un alto porcentaje de personas LGTBI fueron ultimadas con armas de fuego, otras con armas blancas, y en algunos casos las víctimas fueron estranguladas, lapidadas y laceradas.
Los cadáveres de las personas LGTBI fueron encontrados, en su mayoría, en su propio domicilio o en la vía pública, así como en vehículos, quebradas, centros penales, moteles u hoteles, en su lugar de trabajo, playas y bares.
En cuanto a las víctimas, la mayoría tenía entre 22 y 33 años de edad, y se dedicaban a una veintena de labores, como comerciantes, estudiantes, estilistas, abogados, periodistas, políticos, enfermeros, maestros, taxistas y psicólogos, entre otros.
El artículo también señala que los departamentos de Cortés y Francisco Morazán registran el 59% de los casos de personas LGTBI que murieron en circunstancias violentas en los últimos siete años.
La situación es especialmente preocupante debido a la disminución en la judicialización de estos casos, que pasó de 13 casos en 2017 a un promedio de seis por año desde 2018.
