Tegucigalpa – El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, ha expresado su firme rechazo a lo que considera una injerencia de otros países en los asuntos internos de Honduras. Estas declaraciones surgen en medio de un creciente debate sobre el nombramiento interino del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto del Ministerio Público por parte del Congreso Nacional, una medida que ha sido cuestionada por funcionarios de alto rango en Estados Unidos.
“Es un tema de soberanía. El Congreso Nacional toma sus decisiones legales y estas deben manejarse en su contexto y no de manera parcial. No se debe permitir ninguna injerencia, ya que se trata de una decisión soberana de un poder del Estado de Honduras”, argumentó el canciller en un reciente pronunciamiento.
El 3 de noviembre, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa emitió una declaración en la que indicaba que la elección del Fiscal General y el Fiscal General Adjunto a través de la comisión permanente “socavaba la confianza en la democracia representativa” de Honduras.
Varios funcionarios de alto nivel, incluida la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, y la congresista republicana María Elvira Salazar, han criticado la decisión del Congreso hondureño.
A pesar de las críticas, el canciller Reina defendió el proceso como una decisión enmarcada en la Constitución de la República, alegando que los opositores están tratando de retratarla como si se estuviera menoscabando la legalidad.
“Rechazamos esta visión que pretende manipular la situación y, en realidad, solo están sirviendo a los intereses de grupos de la oposición que se han beneficiado de este esquema de corrupción desde la administración de Juan Orlando Hernández, con fiscales que nunca presentaron casos concretos de corrupción”, afirmó Reina.
Cabe recordar que una comisión permanente del Congreso Nacional designó de forma interina a Johel Zelaya como Fiscal General y a Mario Morazán como Fiscal General Adjunto, mientras se espera el consenso para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público para el periodo 2023-2028.
Asimismo, el Legislativo hondureño, que lleva 64 días sin sesionar, presenció una sesión ordinaria en la que se extendió el periodo legislativo hasta el 24 de enero de 2024. Por otro lado, la oposición desconoció los nombramientos realizados por la comisión permanente al considerar que fueron hechos al margen de la ley.
