Tegucigalpa – El ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, ha confirmado que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha presentado un conjunto de reformas legales que se consideran necesarias para la establecimiento efectivo de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Reina destacó la importancia de estas reformas, señalando específicamente la necesidad de modificar el Código Procesal Penal y abordar cuestiones relacionadas con la inmunidad parlamentaria.
Además, mencionó que se están buscando interpretaciones legales específicas para el juzgamiento de altos funcionarios, subrayando así la complejidad del marco legal actual en relación con la lucha contra la corrupción.
En cuanto a la controvertida “amnistía política”, el canciller indicó que esta no representa un obstáculo para las negociaciones en curso y puede seguir su curso sin problemas.
Previamente, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, anunció que Honduras estaría considerando solicitar una segunda prórroga para la suscripción del memorándum de entendimiento con la ONU.
Esto se debe a que las negociaciones con el organismo internacional avanzan más lentamente de lo esperado, lo que hace necesarias conversaciones adicionales.
Pastor explicó que algunas leyes aún vigentes podrían no obstaculizar directamente el trabajo de la CICIH, pero complicarían el proceso al otorgar ciertos privilegios a determinadas personas y sectores, proporcionándoles protecciones contra la procuración de justicia.
El ministro de la Presidencia identificó la parálisis en el Congreso Nacional como un impedimento significativo para la implementación de las reformas solicitadas. En este sentido, hizo un llamado a las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo que permita avanzar en el proceso y poner fin a esta parálisis lo antes posible.
La demora en la instalación de la CICIH ha generado críticas al Gobierno del socialismo democrático de la presidenta Xiomara de Zelaya, ya que la creación de esta comisión fue una de sus promesas de campaña.
El desafío actual reside en superar los obstáculos legales y políticos para cumplir con este compromiso y avanzar en la lucha contra la corrupción en el país.
