Tegucigalpa – Según el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, la situación de la población penitenciaria en el país es preocupante, ya que el 50 % de los reclusos aún se encuentra en proceso jurídico y no ha sido sentenciado.
Maldonado hizo hincapié en que no todos los privados de libertad son culpables, según sus investigaciones y visitas a las cárceles hondureñas.
“Estos procesados siguen siendo inocentes porque no han sido hallados culpables por un juez o tribunal competente”, declaró Maldonado, destacando la importancia de respetar el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Por otro lado, el defensor de los derechos humanos mencionó que el 48 % de los privados de libertad en el sistema penitenciario tienen una sentencia firme, es decir, ya han sido condenados legalmente.
Además, señaló que el 2 % son reclusos que fueron condenados, pero sus equipos de defensa interpusieron un recurso de casación, por lo que aún no cuentan con una sentencia firme.
Ante esta situación, Maldonado hizo un llamado a que se trabaje en la reeducación de los privados de libertad, para que cuando salgan del centro penitenciario estén preparados para reintegrarse a la sociedad de manera productiva y evitar así que vuelvan a delinquir y regresen a la cárcel.
La reeducación y preparación para la reinserción social son aspectos fundamentales en el sistema penitenciario, ya que permiten brindar a los reclusos oportunidades de formación, capacitación y desarrollo personal, para que puedan tener una segunda oportunidad y construir un futuro alejado de la delincuencia.
El presidente del Codeh resaltó que garantizar los derechos humanos de los privados de libertad es una responsabilidad del Estado y de la sociedad en general. Es esencial que se promueva un sistema de justicia eficiente y equitativo, donde se respeten los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su situación jurídica.
La situación de la población penitenciaria en Honduras es un desafío que requiere una atención urgente y coordinada entre las autoridades, instituciones y organizaciones de derechos humanos, para trabajar en medidas que promuevan una justicia más justa y efectiva, así como una reinserción social exitosa.
La protección de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones integrales son aspectos cruciales para lograr una sociedad más segura y justa para todos los ciudadanos.
