Tegucigalpa – El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, anunció recientemente que el próximo domingo 9 de julio arribará al país la misión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el propósito de brindar asistencia en la instalación de la Comisión Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Ante este anuncio, Gustavo Solórzano, asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresó su esperanza de que se logren alcanzar acuerdos viables para establecer la comisión anticorrupción en el país, tal como aspira la mayoría de los hondureños.
Solórzano señaló que los expertos de la ONU mantendrán reuniones con la delegación hondureña, compuesta por la abogada Ana Pineda, Odir Fernández, Alex Navas, Luis Javier Santos y David Cálix, con el fin de discutir los alcances para la instalación de la CICIH en la nación centroamericana.
El asesor legal destacó que las Naciones Unidas exigen la derogación de varios decretos relacionados con aspectos de impunidad que fueron aprobados durante el gobierno anterior. Sin embargo, hasta el momento, el Congreso Nacional no ha logrado la capacidad para derogarlos.
«Esperamos que el Congreso Nacional pueda respaldar estas medidas sin ningún tipo de condicionamientos o reservas, ya que si realmente deseamos combatir la corrupción y la impunidad, debemos reconocer que no contamos con el mejor sistema de justicia y, por lo tanto, necesitamos el apoyo de organizaciones internacionales», argumentó Solórzano.
Asimismo, enfatizó que la empresa privada espera que el sistema de justicia sea fortalecido para que, una vez que la CICIH haya cumplido su propósito, las instituciones hondureñas puedan desempeñar su labor de manera efectiva.
El asesor legal hizo hincapié en que la clase política debe derogar todos los decretos que han generado «un manto de impunidad y corrupción» o han dificultado las investigaciones del Ministerio Público, como el decreto 93-2021 y otros decretos aprobados en 2019 y 2020, considerados como pactos de impunidad.
«No podemos contar con un sistema de justicia efectivo si la Fiscalía de la República enfrenta obstáculos para llevar a cabo sus investigaciones. La impunidad se refleja en la incapacidad de las autoridades para castigar a quienes cometen delitos, ya que en casos de corrupción, son pocos los resultados en casos de alto impacto y las personas suelen ser liberadas con medidas sustitutivas o amparos», argumentó el experto en derecho.
Solórzano instó al Congreso de la República a no convertirse en un obstáculo y facilitar completamente la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
