La Administración demócrata considera inconstitucional la norma que permitirá a las autoridades locales deportar a personas desde marzo.
Por El País
Comienza a perfilarse una de las grandes batallas legales de 2024. La Administración de Joe Biden ha amenazado este jueves con demandar a Texas por la ley SB4, una de las normas más duras de Estados Unidos contra la inmigración irregular, pues permite a las autoridades detener e iniciar procesos de deportación a cualquier persona sin papeles. La norma fue firmada por el gobernador Greg Abbot el 18 de diciembre, pero entrará en vigor el 5 de marzo. El Gobierno federal considera que la norma viola la Constitución, por lo que recurrirá a los tribunales si esta comienza a regir.
“Solicitamos a Texas abstenerse de poner en práctica la SB4 porque es inconstitucional y afectará las operaciones del Gobierno federal”, ha asegurado el Departamento de Justicia en una carta. El documento está firmado por el fiscal Brian Boynton, la mano derecha del fiscal general, Merrick Garland. La carta, que ha sido publicada por la cadena CBS, exige a las autoridades locales a dar respuesta antes del 3 de enero de 2024.
En el centro de la disputa entre Washington y las autoridades estatales está el papel que tendrá la policía de Texas si es que la norma se promulga. El texto de la ley crea nuevos delitos para quienes ingresen a la entidad de forma ilegal y no tengan la ciudadanía estadounidense. La ley, aprobada por la mayoría republicana del Congreso, pone en marcha un sistema que permite a los jueces locales iniciar los procesos de deportación de los inmigrantes.
El argumento del Departamento de Justicia es que la norma atribuye a las autoridades locales funciones que la Constitución otorga a funcionarios federales, entre estas el regular la inmigración y controla las fronteras internacionales. La carta enviada cita como antecedente el caso de la SB170, una ley que un Gobierno ultraconservador de Arizona aprobó en 2010 para incrementar la detención de inmigrantes. La norma fue combatida en los tribunales por la Administración de Obama y a lo largo de los años recibió varios reveses judiciales que la convirtieron en poco más que letra muerta. La conclusión del largo proceso judicial, que llegó al Supremo en 2012, subrayó los amplios poderes del Gobierno de Estados Unidos en materia migratoria.
De acuerdo con Boynton, la norma interfiere con el proceso que las autoridades federales siguen a los inmigrantes. También entorpece algunos de los derechos que los recién llegados a Estados Unidos tienen, como la posibilidad de solicitar asilo para evitar ser devueltos a sus países para ser perseguidos o torturados.
El Gobierno de Biden reconoce en la carta el malestar que la nueva ley ha despertado entre el Gobierno de México. El gobernador Abbott pretende devolver a territorio mexicano a quienes cruzan ilegalmente a Estados Unidos, sin importar si son o no ciudadanos de ese país. “La SB4 también regula de manera inapropiada el movimiento de las personas a través de fronteras internacionales, lo que socava las relaciones exteriores de Estados Unidos”, afirma el documento.
El gobernador Abbott ya ha respondido a la amenaza. “Nunca he visto tal hostilidad ante la legalidad”, ha escrito el mandatario en sus redes sociales. “La Administración de Biden no solo se niega a hacer valer las leyes vigentes de inmigración, sino que ahora pretende evitar que Texas lo haga”, afirmó. El político ya ha recurrido a otras medidas polémicas para reducir el número de inmigrantes en su entidad. Ha apostado por enviar a cientos de personas a ciudades gobernadas por demócratas y a instalar un muro flotante en el río Bravo, además de cercar con alambre de púas la frontera. El Gobierno federal ha recurrido a los tribunales para frenar algunas de sus estrategias.
