Tegucigalpa – El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, en una declaración enfática, reafirmó su posición respecto al Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2023, recientemente divulgado, al señalar que este índice está plagado de sesgos, prejuicios y representa intereses que no reflejan adecuadamente los esfuerzos realizados durante los últimos dos años.
Enfatizó que el Gobierno no comparte en absoluto los hallazgos presentados por Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción en Honduras.
Según este informe, Honduras se mantiene estancada en el ámbito de la corrupción, con una puntuación de 23 sobre 100 puntos posibles, una situación que la administración actual considera incorrecta y hasta delicada para la reputación del país.
Por tercer año consecutivo, Honduras figura entre los cuatro países latinoamericanos con el más alto índice de percepción de corrupción, al igualar su puntuación con la de Venezuela, lo que subraya la gravedad del problema y la urgencia de abordarlo de manera efectiva.
El asesor presidencial, Enrique Flores Lanza, se unió a las críticas, calificando los informes recientes sobre la percepción de la corrupción en Honduras como “sesgados” y diseñados “para afectar al país”.
Expresó su preocupación por la falta de imparcialidad en dichos informes y su posible uso con fines políticos o para elevar perfiles individuales, en lugar de ofrecer una evaluación objetiva de la situación.
El Gobierno, encabezado por la presidenta Xiomara de Zelaya, está decidido a solicitar explicaciones sobre el contexto que sustenta la afirmación de que la corrupción está estancada.
El ministro de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Jaime Turcios, enfatizó que es sumamente delicado basar declaraciones en percepciones que pueden perjudicar al pueblo hondureño, al Gobierno y al Estado en su conjunto.
Este enfrentamiento con las evaluaciones internacionales sobre la corrupción en Honduras evidencia la necesidad de un diálogo abierto y constructivo, así como de una colaboración más estrecha entre el gobierno y las organizaciones internacionales, para abordar de manera efectiva este desafío que afecta a la sociedad en su conjunto.
