Tegucigalpa – El director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, protagonizó un evento inusual este miércoles al presentarse ante el Ministerio Público con lo que él afirmaba ser evidencia sustancial de sus acusaciones de que la empresa privada hondureña está bajo el control de un grupo de 10 familias que han perjudicado al país. Llegó al lugar en un camión, escoltado por cajas llenas de lo que describió como «pruebas» y «evidencias», mientras era rodeado por periodistas ansiosos.
En esta escena cargada de drama, representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) también se hicieron presentes para verificar las pruebas y contrarrestar las acusaciones del funcionario.
Marlon Ochoa luego se dirigió a los medios de comunicación para reiterar sus afirmaciones sobre la empresa privada del país y revelar que había entregado «más de 20 mil páginas de evidencia» al Ministerio Público para que investigaran si se justificaba presentar acusaciones fiscales.
Explicó que su aparición en el Ministerio Público fue en respuesta al desafío planteado por el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho.
Frente a los representantes del Cohep, Ochoa reiteró sus afirmaciones de que un pequeño grupo de familias ha disfrutado de beneficios fiscales a expensas del bienestar del pueblo hondureño. Las pruebas que entregó, según afirmó, comprenden más de 20 mil páginas de evidencia que incluyen declaraciones fiscales y aduaneras, exoneraciones fiscales, expedientes administrativos de varias secretarías de Estado, actas certificadas del Congreso Nacional y reportes de inteligencia aduanera y fiscal, entre otros documentos.
Denunció que las actividades de estas familias, que incluyen tráfico de influencias, fraude y delitos fiscales, han causado un perjuicio total que estima en alrededor de mil 500 millones de lempiras para el Estado de Honduras.
Ochoa también compartió algunas denuncias específicas, como el caso de una empresa que importó un helicóptero sin pagar impuestos, abusando de un régimen destinado a fomentar el turismo, pero que fue utilizado para transportar a la familia propietaria de la empresa y sus amigos. También mencionó una situación en la que un grupo económico utilizó sus conexiones dentro del Congreso Nacional y con un exministro de Desarrollo Económico para lograr la aprobación «corrupta» de tres decretos y una resolución que les permitió trasladar «ilegalmente» los beneficios de una empresa de una zona libre a un régimen de importación temporal, evitando así el pago de impuestos.
