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Tegucigalpa

UFERCO presenta segunda fase del caso Narcopolítica

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Tegucigalpa – La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) ha presentado un requerimiento fiscal este miércoles en contra de varios individuos, incluyendo al exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano; el extitular de la gerencia técnica, Elder Jacobo Goméz Gavarrete; su exasistente, Iris María Sarmiento Ferreira; el gerente propietario de la empresa INRIMAR, Devis Leonel Rivera Maradiaga, y su representante legal, Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, así como a su hermana Irza Fané Pacheco Murillo, representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (ARDIQCO).

Este requerimiento marca la segunda fase del caso Narcopolítica, que involucra a 12 personas acusadas de participar en un esquema que facilitó el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas internacional a través de contratos gubernamentales en Honduras, la mayoría de los cuales nunca se llevaron a cabo.

En esta etapa, las imputaciones se centran en la adjudicación de contratos a la empresa INRIMAR, aparentemente destinados a realizar obras en los departamentos de Olancho, Colón y Yoro. Se otorgaron 10 contratos por un valor de más de 47 millones de lempiras, sumándose a los 21 contratos previos por más de 68 millones de lempiras en la primera fase del caso.

Estos contratos se otorgaron sin que INRIMAR cumpliera con los requisitos legales para contratar con el Estado, durante la presidencia de Porfirio Lobo Sosa. Algunos de los contratos se fraccionaron y se emitieron decretos de emergencia por una tormenta tropical.

La mayoría de las obras asignadas en estos contratos nunca se llevaron a cabo, y las que se completaron fueron sobrefacturadas. El propósito detrás de la adjudicación de estos contratos era legitimar y prestigiar a la empresa INRIMAR, lo que permitía el lavado de dinero derivado del narcotráfico a través de instituciones gubernamentales.

Esta investigación demuestra el compromiso continuo de las autoridades hondureñas en combatir la corrupción y el lavado de dinero en el país.

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