Tegucigalpa. – Hace más de un año, las Fuerzas Armadas fueron asignadas a la dirección del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras que tendría como presupuesto cuatro mil millones de lempiras, lo cual generó una ola de controversia entre la población, quienes cuestionaban que esa atribución no lo correspondía a la institución castrense.
Por lo tanto, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo que daba esas facultades a los militares.
Sobre el recurso, el Ministerio Público emitió un dictamen para que se declare con lugar la acción, basándose en que se vulneran los preceptos constitucionales de artículos donde se establece que las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su Ley Constitutiva y que además fueron creadas para defender la integridad poblacional, la soberanía de la República y para mantener el orden.
“El decreto PCM-052-2019, violenta la Constitución, pues de manera ilegal el Ejecutivo le otorga funciones y presupuesto que no le corresponde a las Fuerzas Armadas, ya que dichas funciones le correspondes a otras instituciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería”, indica el dictamen.
Asimismo, señala que invade las funciones de otras instituciones que están legalmente definidas, por lo que, atendiendo el principio de unidad constitucional, no se puede provocar un conflicto de funciones de cada una de las instituciones.
“Si bien es cierto que la Constitución de la Republica señala que Las Fuerzas Armadas cooperaran con las Secretarias de Estado en labores como alfabetización, educación y agricultura, no se puede olvidar el rol primordial que juega la institución militar dentro de la sociedad hondureña”, reitera.
Agregan que no se desconoce la imperiosa necesidad de fomentar las actividades agrícolas, “pero tales labores resultan ajenas y extrañas a las FFAA, ya que su función principal y formación profesional no resultan equiparables a labores agrícolas”.
“El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, emiten dictamen que considera el decreto Ejecutivo, al no cumplir una finalidad razonable y admisible desde la perspectiva de preceptos, valores y principios constitucionales”, finaliza.
