Tegucigalpa – En un desarrollo significativo dentro del sector energético hondureño, Bonacco Electric Co. S.A. de C.V. (Belco) anunció el lunes que el gobierno de Honduras ha llevado a cabo la expropiación y confiscación de los bienes de la empresa.
Este acto ha resultado en que las instalaciones y activos de Belco ahora sean operados por el personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), mientras que las áreas en cuestión se encuentran bajo vigilancia militar.
El comunicado emitido por Belco detalla que la prestación del servicio de energía eléctrica en la isla de Guanaja, anteriormente bajo su administración, ha pasado completamente a manos de la ENEE.
Esta transición se ha presentado oficialmente como una intervención administrativa, aunque Belco sugiere que se ha utilizado como un medio para facilitar la expropiación.
En respuesta a esta situación, Belco ha iniciado un proceso de liquidación para cumplir con las obligaciones pendientes hacia proveedores, suministradores y entidades financieras.
La empresa ha hecho un llamamiento a todos sus colaboradores para que se presenten a la gerencia general y procedan a la cancelación de los créditos adquiridos hasta la fecha.
Además, Belco ha tomado medidas para asegurar los derechos laborales de su personal, efectuando el pago de las prestaciones laborales correspondientes. En este contexto, la empresa ha expresado su gratitud hacia su personal por el compromiso y el trabajo realizado durante los últimos 38 años.
Asimismo, ha sugerido a la ENEE la contratación de los empleados de Belco, especialmente aquellos con experiencia en generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, dada su experiencia y conocimiento técnico.
Finalmente, a pesar de las circunstancias adversas, Belco ha reafirmado su disposición para llegar a acuerdos con el gobierno hondureño, subrayando la importancia del respeto mutuo de derechos y garantías para ambas partes.
Este evento marca un punto de inflexión en la gestión de recursos energéticos en Honduras y plantea interrogantes sobre las políticas de nacionalización y gestión de la infraestructura crítica del país.
