Tegucigalpa – El Ministerio Público informó el día de hoy que la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) ha logrado una sentencia condenatoria contra el empresario Cristian Adolfo Sánchez, quien fue acusado de fraude como “cooperador necesario” en un caso de corrupción relacionado con la Secretaría de Salud.
Según el comunicado del Ministerio Público, la UNAF obtuvo una sentencia condenatoria contra Cristian Adolfo Sánchez por su participación en un delito de fraude como cooperador necesario en la Secretaría de Salud.
En este caso, el acusado se sometió a un procedimiento abreviado y admitió su participación en una red de corrupción dentro de esa institución.
El caso involucra también a otros acusados, incluyendo a la exministra de Salud Edna Yolani Batres Cruz, la exdirectora del Marco Normativo de Regulación Sanitaria Gladys Hermelinda Paz Díaz, el exadministrador de la Dirección del Marco Normativo Benelio Alvarado Membreño, la excoordinadora de la Unidad de Información Lolita Vanessa Cordero, y los empresarios Héctor Rolando Figueroa Fúnez y Luis Gerardo Zelaya.
Respecto a Figueroa Fúnez, su caso ha sido llevado a juicio oral y público, mientras que el expediente contra los otros cinco acusados está pendiente de fallo en un recurso de amparo presentado por la defensa ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) han revelado que entre marzo y septiembre de 2014, los acusados defraudaron al Estado por más de 7.8 millones de lempiras mediante la adjudicación irregular de nueve contratos de consultoría y diseño de software para la Secretaría de Salud.
Estos contratos se otorgaron de manera ilegal y fraudulenta, beneficiando a empresas y personas naturales con vínculos cuestionables. Se determinó que el software nunca fue entregado, y que hubo una sobrevaloración del mismo de aproximadamente el 90%.
Las acusaciones de la UNAF incluyen delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios contra varios de los acusados.
En el caso de Cristian Adolfo Sánchez, se espera la notificación de la pena concreta en los próximos tres días, aunque el Ministerio Público ha solicitado una pena de tres años y nueve meses de reclusión, una multa de 712 mil 300 lempiras y la inhabilitación por el doble de la duración de la pena de prisión.
