San Pedro Sula – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, se refirió en las últimas horas a las invasiones de tierra en la zona del Bajo Aguán departamento de Colón, luego que un grupo de personas que invadieron otra finca de palma africana en ese sector.
Se conoció que los grupos invasores se tomaron la planta de Dinant, y además mantienen prácticamente secuestrado a un grupo de empleados.
Al respecto el titular de la CCIC, lamentó que se está “sin ley”, en cuanto a este tema.
Condenó que los grupos que invaden tierras estén utilizando el secuestro de propiedad y de personas para imponer malas voluntades disfrazadas de ideologías políticas”.
En su mensaje escrito en su cuenta de Twitter hizo un llamado “exigimos a las autoridades garantizar el respeto a la ley, y sancionar severamente aquellos que atropellan la seguridad jurídica y ciudadana”.
Los empresarios resaltan la mala imagen que las invasiones de tierra representan para Honduras como destino de inversión.
Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en las últimas horas en un llamado reiterativo pidió a las autoridades poner manos en el problema y aplicar la ley desalojando a los invasores, ya que cada día se deteriora la imagen del país como destino de inversión.
En ese sentido, mediante un comunicado, señaló que el delito de usurpación se viene cometiendo en el país por grupos organizados que buscan apropiarse en forma indebida de la propiedad privada de terceros de buena fe.
Asimismo, la organización empresarial lamentó que el Ministerio Público y el Poder Judicial sean pacientes y no tomen acciones contundentes para frenar esta problemática.
Agregó que las usurpaciones no es un problema exclusivo de este gobierno, sino que procede desde hace varios años, sin embargo, consideró que las actuales autoridades deben implementar acciones contundentes.
El Cohep advirtió que el aumento de las invasiones de tierra debilita el sistema de seguridad jurídica del Estado y ocasiona que se le aleje la inversión e impide el derecho de muchos hondureños al ejercicio de la propiedad privada.
