Tegucigalpa. – El Juzgado de lo Penal en Materia de Corrupción, dictó en las últimas horas medidas cautelares para los implicados en la supuesta compra irregular de mascarillas durante la pandemia.
En la acusación hecha por el Ministerio Público, implica a exfuncionarios de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) y empresarios.
En ese sentido, luego de desarrollar la audiencia de declaración de imputados, el juez determinó que los señalados se defiendan en libertad mientras se desarrolla la audiencia inicial el próximo viernes 10 de junio.
En la audiencia que inició a las 9:00 de la noche del viernes, estuvieron Marco Bográn, Alex Moraes, Carlos Guevara y Bessy Rodríguez, señalados por fraude y violación a los deberes por la compra de mascarillas.
Al filo de las 10:00 de la noche del viernes se efectuó la captura de María Elena Palacios Hernández en la colonia Lara de la capital hondureña, ella es otra de las imputadas.
Quedan pendientes las detenciones de Juan José Lagos Romero (propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya), Elena María Hernández González (representante legal de Germar Ferretería).
El Ministerio Público, por medio de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), interpuso en las últimas horas requerimiento fiscal en contra de siete involucrados en un nuevo acto de corrupción a lo interno de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) por la millonaria compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia por Covid-19.
Los exfuncionarios imputados son Marco Antonio Bográn Corrales (director), Alex Alberto Moraes Girón (administrador de patrimonio vial), Carlos Luis Guevara Mondragón (contador general), Bessy Roxana Rodríguez Mendoza (especialista administrativo y financiero) por suponerlos responsables de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, así como los empresarios Juan José Lagos Romero (propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya), Elena María Hernández González (representante legal de Germar Ferretería) y María Elena Palacios Hernández (de Germar Ferretería) por suponerlos responsables del delito de fraude.
De acuerdo con la relación de hechos, a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.
Aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de Invest-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes.
Además, la UNAF y la ATIC descubrieron que los encausados Marco Antonio Bográn Corrales, Juan José Lagos Romero, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández, mediante un concierto previo, simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería, sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar siempre y en todo momento al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero, en razón que una vez que Invest-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95% del valor pactado a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya.
Dichas órdenes de compra primero figuraron por un monto arriba de los 50 millones de lempiras y luego por un valor superior a los 39 millones de lempiras siendo esta última cifra la que se canceló a Germar Ferretería, pero esta le devolvió a G y T S.A. de C.V. más de 37 millones de lempiras.
