Tegucigalpa – La reciente intervención de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a la empresa eléctrica BELCO en Guanaja ha desatado una gran controversia.
La acción, que BELCO ha calificado como la «primera confiscación de bienes a una empresa privada en Honduras», ha sido justificada por el gerente interino de la ENEE, Erick Tejada, afirmando que la intervención está amparada por la ley.
Tejada explicó que la ENEE actuó dentro del marco legal para tomar control del sistema eléctrico de Guanaja, citando una resolución de la Junta Directiva de la ENEE y el artículo 8, literal B de la Ley General de la Industria Eléctrica, además del acuerdo SEN-41-2024.
Según Tejada, BELCO operaba sin una licencia válida y cobraba tarifas no reguladas por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica de Honduras (CREE).
BELCO denunció el jueves que la ENEE había intervenido sus operaciones, incluyendo la generación, distribución y comercialización de electricidad. Según BELCO, la intervención se hizo sin justificación adecuada y representa un acto confiscatorio.
Desde hace varios meses, la CREE y otras autoridades habían establecido mesas de diálogo con BELCO para abordar y mejorar la calidad del servicio eléctrico en Guanaja. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a un acuerdo sustancial debido a diversas irregularidades encontradas en la operación de BELCO.
Las inspecciones técnicas revelaron que BELCO había estado operando sin una licencia oficial desde 2018 y cobraba tarifas excesivas, más del doble de lo que se paga en otras regiones de Honduras. Además, se reportaron cortes indiscriminados de servicio y el uso de equipos de generación obsoletos y en mal estado.
La intervención de la ENEE, respaldada por la Secretaría de Energía de Honduras (SEN-HN), se basa en la Ley General de la Industria Eléctrica y en los informes técnicos de la CREE.
Aunque se habían intentado establecer mesas de diálogo desde noviembre de 2023, no se lograron avances significativos.
Este evento ha generado un intenso debate sobre la regulación y gestión del sector eléctrico en Honduras, así como sobre la intervención estatal y los derechos de las empresas privadas.
La situación en Guanaja plantea preguntas cruciales sobre la calidad del servicio eléctrico y la justicia de las tarifas cobradas a los consumidores.
