Varios colectivos impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de migrantes en España, admitida a trámite en el parlamento el pasado martes, esperan “coherencia” de los partidos para lograr su aprobación final este año y señalan que “aún queda” trabajo para lograrlo.
El martes todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados español, con excepción de la ultraderecha de Vox que se opuso, votaron a favor de admitir a trámite parlamentario una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reunió 700.000 firmas de la ciudadanía española y que, de llevarse a cabo, podría regular la actual situación de cerca de medio millón de personas, según datos de la Fundación Por Causa.
Victoria Columba, del Comité RegularizacionYa en Cataluña, celebra el voto positivo de los partidos políticos mayoritarios, el Partido Socialista y los conservadores del Partido Popular (que en otras iniciativas se expresaron en contra), y aunque asegura que se trata de “un gran paso” para lograr su aprobación, señala que “aún queda” trabajo de “pedagogía” con las formaciones para cerrarla.
Esta argentina residente en España explica a EFE que la ILP “significó el trabajo de base de muchos territorios a lo largo y ancho del Reino de España” que además de las 700.000 firmas, logró “más de 85 mociones de apoyo de ayuntamientos”.
La labor fue llevada a cabo por diversos colectivos, entre los que se encuentran trabajadores temporeros, del sector de la hostelería, del hogar y los cuidados, trabajadoras sexuales o manteros, entre otros, pero también de la Iglesia católica, después de que en 2020 presentaran una proposición no de ley que entonces fue rechazada por el parlamento.
“Ahí empezamos a hacer incidencia política para introducirlo en la agenda política”, recuerda Columba, quien después de que se haya dejado a los migrantes en condición de irregularidad “fuera de las promesas electorales y los acuerdos de Gobierno” celebra que el pasado martes estas personas protagonizaran el debate político.
Por ello, pide que les usen “como moneda electoral” ante los comicios regionales y europeos que España afronta los próximos meses y que se “acelere el debate” y “agilicen los trámites” parlamentarios.
“El Gobierno tiene que acelerar ese trámite, si se acelera y ponen los medios necesarios se podría hacer este mismo año”, incide.
Sacar de la exclusión social a medio millón de personas
La argentina afirma “que se trata de sacar de la exclusión social a medio millón de personas, entre ellos niños que no pueden hacerlo de otra manera, arrastran la irregularidad de sus padres”.
En esa misma línea se expresa Adriana Zumarán, una peruana que lleva 18 años viviendo en España y forma parte de Colectivo Plaza de los Pueblos y también de Regularización Ya en Madrid.
Zumarán subraya que la ILP “es parte de un proceso de resistencia y afirmación de las personas racializadas” así como la admisión a trámite de la misma “es un logro del movimiento antirracista de todo el Estado español”.
“Aunque la ILP parezca una cosa puntual, tiene una significación política mucho mayor”: se trata de la vida de compañeros y compañeras que durante tanto tiempo se tienen que mantener en condición de no derecho, donde la ley y sistema de derechos y privilegios que disfrutan muchos, no solo les da la espalda sino que se aprovecha de esa condición”, expresa.
El Pacto Migratorio europeo
Aunque Zumarán celebra el paso hacia adelante en el parlamento español, recuerda que también esta semana se aprobó el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea que “limita y restringe las posibilidades de entrada y de vida” de las personas migrantes y es un “desafío inmenso para la vida cotidiana de muchas personas”.
Aún así valora el “proceso de pedagogía enorme” realizado “para abrir la mirada que se tiene sobre la migración de las personas del sur global y el racismo que hay en España tanto como en otros lugares”.
La activista defiende que “existe casi medio millón de personas en situación irregular porque el propio sistema es contradictorio, limitante y no es práctico” porque “no puede ser que te pidan un contrato para regularizarte y con tu situación irregular no te den un contrato, esta gente tiene que comer”.
“Se trata de corregir cuestiones que no se están haciendo bien, esto no es una reparación sino poder salir al menos del espacio de no derecho en el que están estas personas”, remacha.
