Tegucigalpa – Mike Vigil, ex agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, ha expresado su escepticismo respecto a la posibilidad de que el expresidente Juan Orlando Hernández sea liberado de las acusaciones en su contra en el país norteamericano.
Hernández enfrenta tres cargos y Vigil destaca la rigurosidad de los fiscales en Estados Unidos, especialmente los de Nueva York, a quienes considera los mejores en el manejo de casos complejos de conspiración.
En sus declaraciones, Vigil resalta que los fiscales estadounidenses son conocidos por su enfoque conservador, y los de Nueva York, en particular, han manejado exitosamente casos de conspiración altamente complejos, como los de El Chapo Guzmán y Genaro García.
La experiencia de estos fiscales, según Vigil, dificulta la perspectiva de que Juan Orlando Hernández pueda salir victorioso en su proceso legal en Estados Unidos.
El ex agente de la DEA enfatiza que la justicia federal estadounidense tiene un alto índice de éxito, alcanzando entre un 95 y 98 por ciento en los casos. Además, señala que la evidencia presentada durante el juicio del hermano del expresidente, Juan Antonio Hernández, servirá como base para el juicio de Juan Orlando Hernández, ofreciendo datos adicionales que podrían complicar aún más su situación legal.
Según Vigil, Hernández enfrenta la posibilidad de una cadena perpetua, y la decisión final recae en el jurado. Aunque la familia del exmandatario ha expresado la esperanza de su regreso, Vigil subraya que esa decisión no depende de ellos, sino del veredicto del jurado.
Ante el sombrío panorama para el exmandatario, Vigil contempla la posibilidad de que, en caso de que se declare culpable, Hernández pueda buscar negociar con la justicia de Estados Unidos. Sin embargo, resalta que esta opción dependerá de la disposición de los fiscales y del juez Kevin Castel a llegar a un acuerdo.
El juicio contra Juan Orlando Hernández está programado para el 5 de febrero de este año, marcando un hito en un prolongado y mediático proceso judicial que determinará el futuro legal del expresidente.
