Tegucigalpa – Karla Romero, una profesional que acaba de ser destituida de su cargo como jueza de sentencias, anunció con determinación que tomará medidas legales para impugnar la resolución de su cancelación.
Esta situación se desencadenó debido a la decisión de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, quien citó un incidente de tránsito como motivo para la terminación de su nombramiento, respaldándose en los artículos de la Ley de la Carrera Judicial que justifican tales medidas disciplinarias.
La exjueza Romero hizo hincapié en que posee evidencia que respalda su posición.
Después del accidente, las autoridades médicas le realizaron una prueba de alcoholemia que arrojó resultados negativos, lo que desacredita cualquier acusación de conducir bajo los efectos del alcohol.
Con firmeza, Romero declaró que impugnará esta decisión «con las alegaciones debidas». Además, destacó que las autoridades utilizaron antecedentes de otras resoluciones en las que ya había presentado impugnaciones previas, lo que refuerza su convicción de que está siendo objeto de persecución política. Para Romero, esta lucha va más allá de su caso personal.
Considera que se trata de un intento de establecer un precedente preocupante y ejemplar para intimidar a los jueces en el país, con la intención de que eviten manifestar situaciones que, según ella, deben abordarse conforme a la ley.
La jurista enfatiza que tiene un historial de 30 años de servicio intachable, y que su reputación y honor están en juego en esta lucha.
En última instancia, Karla Romero no solo busca defender su integridad profesional y personal, sino también salvaguardar la independencia del poder judicial y asegurarse de que los jueces puedan cumplir con su deber de administrar justicia de manera imparcial y sin temor a represalias políticas.
