Tegucigalpa – La noticia de la destitución de la jueza Karla Romero, quien se destacó al juramentar a la presidenta Xiomara Castro durante su toma de posesión en lugar del titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha generado un fuerte impacto en el ámbito judicial y político hondureño.
Según el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte, la decisión de su despido se basó en faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, siguiendo lo establecido en el artículo 187 de la Ley de Carrera Judicial.
Entre las acusaciones en su contra, se menciona un incidente de accidente de tránsito en el que estuvo involucrada el 31 de marzo del presente año, aunque los detalles específicos no fueron proporcionados.
Además, se señaló un retraso en la emisión de sentencias en varios casos que tenía asignados.
También se destacó que existía una orden de auto despido en la administración anterior del Poder Judicial, la cual no se ejecutó por razones desconocidas y se dejó prescribir.
Karla Romero enfrentaba, además, 22 denuncias por diversas circunstancias, algunas de las cuales fueron consideradas con méritos.
Como parte de su legado, la jueza había interpuesto recursos de apelación contra el decreto legislativo 04-2022, conocido como Amnistía Política, el cual resultó en el sobreseimiento definitivo de varios exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales en casos de corrupción.
La resolución de su despido fue de ejecución inmediata una vez que Romero fuera notificada de la decisión. Sin embargo, la jueza tiene el derecho de presentar un reclamo ante el Consejo de la Carrera Judicial en un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación.
Esta noticia arroja luz sobre la compleja relación entre el Poder Judicial y la política en Honduras, lo que ha llevado a la destitución de una figura destacada en el sistema judicial.
