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Exrectora de la UNAH: Ningún funcionario está por encima de las atribuciones legales

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Tegucigalpa – La socióloga Julieta Castellanos expresó su firme posición sobre el comportamiento esperado de los funcionarios públicos en Honduras.

Enfatizó que, si en alguna ocasión un funcionario se siente en desacuerdo con la información proporcionada o algún informe que concierne a su institución, tiene el derecho de explicarse y aclarar los puntos pertinentes. Sin embargo, esto no le otorga el derecho de amenazar, atacar o insultar a quienes plantean inquietudes legítimas.

Castellanos destacó que ningún funcionario, ya sea elegido por voto popular o nombrado, debe exceder el poder y las funciones que le han sido otorgadas por las normativas establecidas. En caso de que algún funcionario abuse de su poder, debe rendir cuentas ante la justicia, ya que nadie debe considerarse intocable en un estado democrático de derecho.

Es crucial para un funcionario entender que no debe sentirse molesto por las opiniones o denuncias que reciba de la población, incluso si estas son críticas o señalan posibles actos indebidos. En una democracia, la apertura y la transparencia son fundamentales, y los funcionarios deben permitir que se conozca el trabajo que realizan, ya que sus instituciones son financiadas con los impuestos de la ciudadanía.

Castellanos hizo hincapié en que cualquier conducta que no esté alineada con los valores democráticos representa un retroceso en la construcción de una sociedad justa y abierta. Los funcionarios tienen la responsabilidad de mantener los principios democráticos y velar por el bienestar de la población.

Además, la socióloga expresó su sorpresa ante la reacción de algunos funcionarios de Estado que recurren a la violencia verbal, insultos y ataques para silenciar las opiniones contrarias. Esta actitud no solo es inaceptable en una sociedad democrática, sino que también socava la confianza pública y debilita los cimientos de una verdadera democracia participativa.

En resumen, Julieta Castellanos insta a los funcionarios a ser abiertos, transparentes y responsables en el desempeño de sus funciones. La crítica y las opiniones diversas son esenciales para el progreso y el fortalecimiento de una democracia sana. Solo mediante un enfoque de respeto y apertura se puede construir una sociedad inclusiva y justa para todos los hondureños.

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