Tegucigalpa. – Las autoridades judiciales competentes dictaron sentencia condenatoria, por ende, una pena de tres años con nueve meses de reclusión y decretaron además responsabilidad civil en contra de nueve ex regidores de la municipalidad de Choloma, Cortés, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Entre los condenados figura la exalcaldesa, Sandra Deras Rivera, los ex regidores, Manuel de Jesús Vallecillo Brocato, Rigoberto Ramos Moya, Norman Portillo Velásquez, José Inés Ayala Alvarado, Milton Obhan Urbina Macias, Irma Delia Pérez Coto, Jesús Antonio Alcocer Romero y Nelson Oswaldo Midence Calderón.
Los anteriores fueron declarados culpables el pasado 24 de mayo por el Juzgado Especial en Materia de Corrupción en audiencia de juicio, tras las pruebas aportadas por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate Contra la Corrupción Pública (Fetccop).
La condena establece que los acusados cometieron el delito de violación de los deberes de los funcionarios esto porque en fecha 27 de febrero de 2008 en sesión de corporación aprobaron la compra de un terreno para la construcción de un relleno sanitario.
La compra del terreno fue valorada en 10 millones 500 mil lempiras y para ello se declaró un estado de emergencia, pero que según la denuncia, el inmueble fue sobrevalorado.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la misma Contaduría General de la República nombró una comisión de avaluó del terreno y el informe de auditoría refiere que el precio real del inmueble es de tres millones 025 mil 529 lempiras con quince centavos y no en 10 millones como lo adquirió la municipalidad.
En el informe de auditoría se indica que al pueblo de Choloma, Cortés se le ocasionó un perjuicio de 9 millones 136 mil 715 lempiras con 95 centavos, lo que motivó entonces al Ministerio Público a interponer los requerimientos fiscales correspondientes.
La sentencia condenatoria lograda por agentes de tribunales del Ministerio Público contra los ex corporativos indica que también quedan inhabilitados para ocupar cualquier cargo público y que los mismos deben ser demandados por la vía civil para que la municipalidad de Choloma pueda recuperar el dinero por los daños ocasionados.
De los condenados, Norman Portillo Velásquez, quien es actual funcionario del Registro Nacional de la Personas (RNP), será suspendido de sus funciones; misma suerte correrá Manuel de Jesús Vallecillo Brocato en la Empresa Nacional Portuaria, (ENP).
Cabe señalar, que en este proceso también está acusado el actual alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli Durán, pero por la interposición de un recurso se está en espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El pasado 26 de noviembre de 2020, un equipo especial de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó contra el jefe edilicio una orden captura.
