Tegucigalpa – El Juzgado en Materia de Corrupción admitió este jueves un requerimiento fiscal con orden de captura solicitado por el Ministerio Público contra el extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, y otros exempleados de esta institución por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Entre los otros requeridos son el ex subcomisionado Gustavo Cruz, el exadministrador, Cristian Santeli, Fernando Sierra y una persona más.
Sin embargo, Rubí y Sierra se presentaron ante los tribunales de justicia de manera voluntaria, mientras Gustavo Cruz fue detenido.
“No conozco detalles al 100 por ciento de cuál es el caso, pero como siempre cada vez que nos has entrevistado, pues hemos dado las razones y pues ayer nos dimos cuentas que nos estaban citando para acá y aquí estamos presentándonos voluntariamente”, declaró Rubí a su llegada a los tribunales de justicia en materia de corrupción.
“Hoy venimos a que nos digan que es lo que está pasando y a ver que documentación vamos a presentar”, añadió.
Reiteró que, “no estoy enterado todavía de que es lo que nos están diciendo, pero yo ya dí mi declaración en algún momento y creo que vamos a conocerla ahorita”.
Aclaró que, como trascendió en las últimas horas, “no hubo allanamiento de mi casa, mi esposa les permitió la entrada y nos presentamos voluntariamente”.
Sobre la acusación de mal manejo de fondos, el exfuncionario hizo hincapié en que, en una pandemia cualquier cosa puede
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) solicitaron mediante requerimiento fiscal orden de captura contra Gabriel Alfredo Rubí Paredes, excomisionado nacional de Copeco; Gustavo Adolfo Cruz Gómez, ex subcomisionado de la institución y Cristian Elías Santeli, exadministrador, a quienes se les supone responsables como autores directos de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
La acción que fue interpuesta en el Circuito de Juzgados Anticorrupción, establece que los exfuncionarios en el marco de un decreto de emergencia el 10 de febrero del año 2020, solicitaron la construcción de un Centro de Triaje en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el cual, según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias, sin embargo, se suscribió un contrato por más de cuatro millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.
La obra no contó con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud, además se omitió los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, violando así varios de sus artículos en donde se busca eficiencia y transparencia en la búsqueda de mejores condiciones de costo y calidad.
La investigación también establece que Gabriel Rubí autorizó el pago del 15 por ciento por anticipo sin cumplir con todos los requisitos previos al inicio de la obra, mientras que Gustavo Adolfo Cruz fue quien decidió de manera unilateral que empresa sería la que ejecutaría la obra, también Cruz era quien hacia las verificaciones de avances y recibía las estimaciones, labor que no le correspondía.
Al final la obra quedó inconclusa, no hubo un acta de recepción de entrega final ni una garantía de calidad de la obra. En el mismo requerimiento fiscal se acusa a Arlette Magaly Montero Rodríguez, quien era la directora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación de Copeco, por el delito de fraude a título de cooperador necesario en perjuicio de la administración pública y también para el representante legal de la empresa JF construcciones, Fernando Sierra por el mismo delito.
