Nueva York. – La Fiscalía pidió al juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, una audiencia a puerta cerrada para abordar el uso, la relevancia y la admisibilidad de la información clasificada en el caso contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien enfrenta tres cargos por narcotráfico.
Para la Fiscalía, es vital que el juez Kevin Castel rechace la evidencia que propone la defensa de JOH.
Esto con respecto al uso, relevancia y admisibilidad de la información clasificada. Para ello solicitan al juez Kevin Castel una orden que excluya ciertos testimonios propuestos por la defensa de Juan Orlando Hernández por considerarlos irrelevantes y/o inadmisibles.
Para el gobierno, es vital que la Corte emita un fallo escrito, ya que desean “tomar todas las determinaciones relativas al uso, la relevancia o la admisibilidad de información clasificada que, de otro modo, se tomarían durante el juicio o los procedimientos previos al juicio”, señalan.
De esa forma, la Fiscalía pretende que se eliminen de la carga probatoria de defensa, entre otros, varios testimonios,
Esto asegura que se ajusta a los estándares de las Reglas Federales de Prueba, y se señala que el acusado tiene la carga en cualquier audiencia de establecer que la evidencia es relevante y, de otro modo, admisible.
La Fiscalía reconoce que, en un descubrimiento no clasificado, hay materiales que reflejan algunas de las reuniones de Juan Orlando Hernández con funcionarios y agencias del gobierno de Estados Unidos que no están clasificados y podrían, dependiendo del motivo de la reunión, ser relevantes para este caso.
Por ejemplo, entre los 131 cables no clasificados presentados a la defensa, se encuentran numerosos cables que identifican a funcionarios específicos del gobierno de Estados Unidos que se reunieron con Juan Orlando para discutir los esfuerzos para combatir el narcotráfico y la corrupción en Honduras.
Una de ellas es la reunión de febrero de 2018 con la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, para discutir los “éxitos antinarcóticos” y los “esfuerzos anticorrupción.
También se incluye la reunión de noviembre de 2014 con el embajador de Estados Unidos en Honduras y el Comité de Interdicción para discutir “los esfuerzos de Estados Unidos y Honduras para contrarrestar el tráfico de narcóticos”
Otra reunión es la de octubre de 2020 con el comandante del Comando Sur, almirante Craig Faller, para discutir la cooperación antinarcóticos y la Ley de Soberanía Aérea.
Sin embargo, según la Fiscalía, esto no cambia el hecho de que, al igual que con los materiales clasificados y la información discutida, Juan Orlando aún necesitaría identificar una excepción o exclusión de rumores adecuada para ofrecer cualquier conversación durante esas reuniones, y el testimonio ofrecido aún necesitaría pasar una prueba de equilibrio.
Juan Orlando Hernández, según la Fiscalía, propone que se valoren las reformas legales que hizo en su gobierno en el combate al narcotráfico.
La Fiscalía sostiene que la Corte debería excluir el extenso testimonio ofrecido por Juan Orlando Hernández y que se describe en el Aviso de la Sección 5 sobre varias reformas legales en Honduras que supuestamente se hicieron en apoyo, según él afirma, para combatir el tráfico de narcóticos.
“Este tipo de testimonio ofrecido es inadmisible según la Regla Federal de Prueba 404(b). El Segundo Circuito ha reconocido desde hace tiempo que ‘[un] acusado no puede tratar de establecer su inocencia a través de la prueba de la ausencia de actos delictivos en ocasiones específicas'”, señala el documento de 54 páginas.
El gobierno reconoce, sin embargo, que esas reformas legales, como la Ley de Extradición, la lucha contra el lavado de dinero y la reforma de la aplicación de la ley, pueden ser relevantes en la medida en que Juan Orlando articule casos específicos e identifique una excepción de “oídas” o un propósito apropiado y no de oídas para dicho testimonio, lo cual no ha hecho, señalan.
“El supuesto apoyo de Juan Orlando a reformas legales en Honduras, que según él tenían como objetivo contrarrestar el narcotráfico y la corrupción, no guarda ninguna relación con las acusaciones de que fue una figura central en conspiraciones de narcóticos y armas de fuego de larga data”, señalan.
La Fiscalía en la moción señala que la teoría que tienen de las acciones del expresidente Hernández en su lucha contra el narcotráfico, es que fingió.
“La teoría del gobierno es que Juan Orlando fingió públicamente oponerse al narcotráfico y, en algunos casos, incluso tomó acciones específicas contra narcotraficantes; al mismo tiempo, aceptaba corruptamente sobornos y protegía del procesamiento a sus socios narcotraficantes”.
La Fiscalía concluye que el supuesto apoyo de Juan Orlando a reformas destinadas a combatir el narcotráfico y erradicar la corrupción es “inadmisible e irrelevante respecto de las acusaciones de que, entre otras cosas, aceptó sobornos que provenían de las actividades con drogas de Alex Ardón”.
Además, respaldan los sobornos del testigo identificado como CW-1, de Leonel Rivera y otros; y sostienen que conspiró con Tony Hernández y Geovanny Fuentes Ramírez para traficar cantidades masivas de cocaína.
Una actividad que supuestamente realizó con la asistencia de miembros de la Policía Nacional de Honduras, como Juan Carlos Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, así como de militares, protegiendo a sus cómplices del procesamiento.
“De hecho, usar estas reformas como arma en el juicio es inculpatorio: las utilizó para castigar a quienes no lo apoyaron, mientras protegía a quienes sí lo apoyaban”.
Por todas las razones expuestas anteriormente, la Fiscalía sostiene que la Corte debería rechazar los intentos de Juan Orlando de admitir evidencia “inadmisible sobre su supuesto apoyo a diversas reformas legales destinadas a combatir el narcotráfico y la corrupción”.
Juan Orlando Hernández fue acusado por tres cargos: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, también de usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína.
El juicio está previsto hasta ahora para el 5 de febrero de 2024, será un juicio conjunto con el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda.
