Por: El País
Aunque nada parece detener a Benjamín Netanyahu, la comunidad internacional no puede permanecer en el bucle de la condena retórica ante los ataques indiscriminados del ejército israelí sobre Gaza. Después de 28.000 muertos, decenas de miles de heridos y cientos de miles de refugiados, la Franja puede convertirse de nuevo en el escenario de una tragedia de consumarse la anunciada ofensiva militar sobre Rafah, al sur del territorio.
Como ya hiciera en el norte de Gaza a raíz del salvaje ataque de Hamás del pasado 7 de octubre, el ejército israelí ha ordenado a los civiles que abandonen Rafah. Con el precedente de lo que sucedió en el Norte, todos son conscientes de lo que vendrá después: la zona fronteriza, donde según la UNRWA —la agencia de la ONU para los refugiados palestinos— se hacinan dos tercios de los 1.700.000 desplazados, puede quedar arrasada. A diferencia, sin embargo, de lo ocurrido en la mitad septentrional, sus habitantes y quienes han llegado allí huyendo de los bombardeos ya no tienen adónde huir: la hermética frontera con Egipto les cierra el paso.
Algunos indicios apuntan, sin embargo, a que la anunciada acción militar israelí puede tener consecuencias muy distintas de la impunidad diplomática de la que ha gozado hasta el momento el Gobierno de Netanyahu: Egipto ha advertido de la amenaza que supondría para la paz con Israel el éxodo hacia su territorio de cientos de miles de palestinos, y Estados Unidos —que ya impuso sanciones a los colonos de Cisjordania— dobla los esfuerzos, con El Cairo como escenario, por lograr una nueva tregua. El descontento con el mandatario israelí entre las cancillerías occidentales está calando incluso entre países que hasta ahora le han respaldado sin fisuras. Así, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, del partido de Los Verdes, recordó el martes a Israel ante su homólogo palestino que la lucha es contra el terrorismo “y no contra la población civil inocente”.
En este contexto se sitúa la iniciativa tomada este miércoles por España e Irlanda. Mediante una carta firmada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro irlandés, el democristiano Leo Varadkar —cuya formación, Fine Gael, forma parte del Partido Popular Europeo—, ambos países reclamaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la revisión del acuerdo de asociación de la UE con Israel por las posibles vulneraciones del derecho internacional. Según ese convenio, vigente desde 2000, la Unión considera al Estado israelí como uno de sus principales socios en la región: el 31,9% de las importaciones de Israel provinieron de los Veintisiete y el 25,6% de las exportaciones de ese país se dirigieron a la UE. En su carta, los mandatarios español e irlandés recuerdan que, según recoge el propio acuerdo, el comercio forma parte de relaciones políticas basadas en que ambas partes comparten los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, respeto reclamado también el mes pasado por el Tribunal Internacional de La Haya.
La Comisión tendrá que redactar un dictamen que podría llevar a la paralización o suspensión del acuerdo. Es difícil que Europa transite por el camino de la unidad respecto a la guerra de Gaza o que Netanyahu ceda ante una petición que no venga de EE UU, pero la propuesta hispanoirlandesa supone un salto cualitativo en las críticas internacionales ante la actuación indiscriminada de las tropas israelíes: tras meses de retórica, propone una medida concreta para tratar de detener la masacre en Gaza.
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