Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, ha elevado la voz para exigir mayor transparencia y rendición de cuentas en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en Honduras.
En sus declaraciones, Castellanos aclaró que, aunque la corrupción y el narcotráfico están presentes en todos los partidos políticos, no todos los individuos dentro de estos están implicados.
«Hemos visto que en temas de narcotráfico y corrupción todos los partidos están involucrados, no así todos los políticos, hay que ser bastante claro», expresó Castellanos, subrayando la necesidad de no generalizar la corrupción en la política.
Ha insistido en la importancia de identificar y nombrar públicamente a los responsables, «ojalá se pueda seguir destacando, anunciando y señalando a las personas con nombre y apellido», porque en muchos casos, la impunidad se mantiene debido a las influencias de los perpetradores.
Castellanos también se refirió a la labor del CNA y otras organizaciones de la sociedad civil, destacando que «hemos visto en los estudios, en las denuncias, no solamente que el Consejo Nacional Anticorrupción hace, sino que todas las instancias de sociedad civil comprometidas en esta lucha» reconocen la magnitud del problema, aunque la acción efectiva se ve obstaculizada por la situación precaria del país.
El impacto económico de la corrupción también fue un punto central en su discurso, señalando que Honduras vive con un 98% de impunidad y que anualmente se pierden más de 70 mil millones de lempiras debido a la corrupción. «Es sorprendente lo que Honduras podría hacer con una muy buena administración y que muy pocos no se queden con ese presupuesto de todos los hondureños», concluyó, resaltando el potencial de desarrollo nacional si se lograra una administración más eficiente y honesta de los recursos, como muchos expertos también han señalado.
Esta declaración de Castellanos no solo subraya la urgencia de reformas y acciones contundentes contra la corrupción y el narcotráfico sino que también abre un debate sobre la responsabilidad y la transparencia en la gestión pública de Honduras.
