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Tegucigalpa

Gobierno ordena fotografiar y levantar expedientes contra manifestantes en carreteras

Las autoridades policiales anunciaron medidas preventivas ante posibles bloqueos de carreteras hacia el norte y oriente del país, recordando que las manifestaciones deben desarrollarse dentro del marco legal y respetando derechos de terceros.

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Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad de Honduras emitió un comunicado oficial alertando sobre posibles paralizaciones de vías públicas en diversas zonas del territorio nacional. Según el documento, identificado como Comunicado de Prensa SEDS No. 20-2025, las autoridades han recopilado información sobre planes para bloquear las principales carreteras hacia el norte del país y la región oriental (Danlí).

En respuesta a estas amenazas, la Policía Nacional ha implementado medidas preventivas que incluyen el despliegue de personal y equipos de documentación mediante registros fotográficos y audiovisuales. Estas acciones tienen como objetivo identificar a los responsables de posibles obstrucciones viales para proceder conforme a la legislación vigente.

El comunicado hace énfasis en que, si bien el derecho a la manifestación está garantizado, este debe ejercerse «dentro del marco de la legalidad y en respeto irrestricto a los derechos humanos de los demás ciudadanos y extranjeros en el país».

Las autoridades advierten que la libertad de expresión y reunión no puede interpretarse como licencia para vulnerar el derecho a la movilidad ni para afectar el orden público y la economía nacional.

La institución policial señala que en casos donde se identifique la participación de individuos en actos ilícitos penales, se procederá a su detención en flagrancia o, cuando esto no sea posible, se solicitarán las respectivas órdenes de captura siguiendo los procedimientos establecidos en el Código Penal y el Código Procesal Penal.

El documento, firmado por la Dirección General de la Policía Nacional y fechado el 30 de marzo de 2025 en El Ocotal, Francisco Morazán, concluye reafirmando el compromiso institucional con la protección de los derechos humanos, el cumplimiento de la normativa legal y la aplicación de los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, racionalidad y temporalidad en el uso de la fuerza.


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