Tegucigalpa – La amenaza de deportaciones masivas desde Estados Unidos pone en jaque la capacidad de respuesta de Honduras, según advierte César Ramos, coordinador de incidencia migrante de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM).
Las declaraciones surgen en un momento crítico, cuando el país centroamericano analiza los datos de retornos forzosos del año 2024, que muestran una significativa reducción respecto al año anterior.
Las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM) revelan que durante 2024 fueron deportados 37,419 hondureños, cifra que representa una disminución del 30.1% en comparación con los 53,561 casos registrados en 2023.
De particular preocupación resulta que, del total de deportados por autoridades estadounidenses (20,765 personas), más de 5,700 eran menores de edad, algunos viajando sin acompañamiento.
La situación podría dar un giro dramático en 2025, considerando las promesas de campaña del expresidente Trump, quien ha anunciado medidas drásticas en materia migratoria desde el primer día de su eventual mandato.
Ante este escenario, las organizaciones sociales hondureñas alertan sobre la necesidad de preparar una respuesta institucional adecuada.
«Honduras no está preparada para recibir deportaciones masivas», enfatizó Ramos, quien instó a las organizaciones del sector a mantenerse vigilantes ante el posible endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses.
Este llamado cobra especial relevancia considerando que, a pesar de la actual disminución en las deportaciones, el país ya enfrenta desafíos significativos en la reinserción de los retornados.
