Tegucigalpa – En medio de un escenario lleno de desafíos, el proceso de elección del próximo Fiscal General y Adjunto de Honduras se vuelve cada vez más complejo y con visos de incertidumbre.
A pesar de los esfuerzos de la Junta Proponente, que presentó una lista de cinco nominados competentes y capaces de ocupar estos altos cargos, las dudas sobre la posibilidad de alcanzar el consenso de 86 votos dentro del Congreso Nacional para llevar a cabo la elección han comenzado a surgir.
Con la fecha límite fijada para el 1 de septiembre, cuando se espera que el actual Fiscal General y su Adjunto abandonen sus cargos, la presión se intensifica para encontrar a sus sucesores.
Sin embargo, diversos sectores de la sociedad hondureña, tanto de la sociedad civil como de la clase política, empiezan a expresar sus preocupaciones y desconfianzas sobre la posibilidad de que este proceso se lleve a cabo de manera exitosa.
Los cinco nominados para los puestos de Fiscal General y Adjunto –Jenny Gabriela Almendares, Mario Alexis Morazán, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya y Pablo Emilio Reyes– han sido presentados como opciones válidas y calificadas.
Sin embargo, el desafío radica en lograr el consenso necesario en el Congreso Nacional para elegir a los futuros líderes del Ministerio Público.
La vicepresidenta del Congreso Nacional, Fátima Mena, subrayó que aunque la Ley Orgánica del Congreso no establece una fecha específica para la elección del Fiscal, sí se establece la fecha en la que los actuales funcionarios deben dejar sus cargos.
Esta falta de claridad en cuanto a los plazos ha generado inquietudes sobre la posibilidad de que el proceso se extienda más allá de lo previsto.
Los rumores en los pasillos del Congreso Nacional han agitado aún más las aguas de la incertidumbre, aumentando el temor de que el proceso de selección se prolongue incluso hasta enero del próximo año.
Esta incertidumbre no solo afecta el sistema de justicia y la labor del Ministerio Público, sino que también suscita interrogantes sobre la estabilidad y la gobernabilidad del país en un momento crucial.
En este contexto, Honduras enfrenta el desafío de encontrar una solución que permita superar las diferencias y llegar a un consenso que garantice la elección de un nuevo Fiscal General y Adjunto que puedan llevar adelante su importante labor con independencia, eficiencia y transparencia.
