Tegucigalpa – El Estado de Honduras reconoció este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad por al destitución arbitraria e ilegal de cuatro exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2012, luego que se emitieran resoluciones contrarias a los planes del entonces presidente del país, Porfirio Lobo (2010-2014).
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado hondureño por la destitución de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados de la Sala de lo Constitucional, luego de que declararan como inconstitucionales proyectos del Gobierno de Porfirio Lobo.
La secretaria general de la Procuraduría de Honduras, Laura Flores, dijo en una audiencia ante la CIDH, que el Estado reconoce que los magistrados fueron “removidos de manera arbitraria e ilegal de sus cargos por el Poder Legislativo” y que se compromete a reparar a las víctimas y a que hechos similares no se repitan.
Agregó que el Estado de Honduras reconoce que los magistrados no tuvieron acceso a un recurso efectivo para apelar su destitución, y que fueron destituidos de sus cargos mediante un procedimiento “no previsto” en el ordenamiento jurídico y sin una causal de remoción establecida en las leyes.
La representante hondureña negó que Honduras sea responsable por violaciones a la integridad física de las víctimas, pues no recibió ninguna denuncia sobre agresiones, atentados o persecución, y además expuso a la CIDH que una eventual orden de reincorporación de las víctimas a sus cargos generaría “inseguridad jurídica”.
Por su parte, los representantes de las víctimas y la CIDH pidieron al Tribunal de Sentencia que condene al Estado por diversas violaciones a los derechos humanos de las víctimas y que ordene medidas de reparación.
El representante de la CIDH, Ignacio Boulin, explicó que el 12 de diciembre de 2012 el Poder Legislativo, con su edificio rodeado por las Fuerzas Armadas, destituyó a los magistrados y que ello significó “una violación a los derechos de las víctimas” y un “verdadero atentado contra la independencia judicial y el orden democrático”.
Boulin recordó que los magistrados “emitieron fallos considerados contrarios al Gobierno de turno” y que el entonces presidente del país, Porfirio Lobo, “emitió declaraciones condenando la conducta de los magistrados”.
Los magistrados declararon como inconstitucionales iniciativas del Gobierno para crear las “ciudades modelo” y la “Ley de depuración policial”, lo que generó presiones y hostigamiento por parte de autoridades gubernamentales, incluido el presidente, detalló Boulin.
El Congreso Nacional, entonces presidido por Juan Orlando Hernández, creó una comisión especial para investigar el comportamiento de los magistrados el 10 de diciembre de 2012.
Al día siguiente emitió un informe y horas después, la madrugada del día 12, el Legislativo destituyó a los magistrados sin permitirles defenderse.
“El poder político buscaba una Sala de lo Constitucional complaciente”, manifestó Boulin, quien agregó que el Congreso no era imparcial ni competente.
Los magistrados también relataron que tras su destitución sufrieron persecución, hostigamiento y atentados en su contra y sus familias.
Tras la audiencia concluida este martes, las partes tienen un mes para entregar a la CIDH sus alegatos finales por escrito, y a partir de entonces el tribunal podrá emitir una sentencia en los siguientes meses.
