Tegucigalpa – La Cancillería de Honduras emitió un enérgico rechazo a la controvertida Ley SB4 de Texas, que apunta directamente a los migrantes, expresando una profunda preocupación por la decisión reciente de la corte que avala esta normativa.
Considerada como una afrenta a los principios fundamentales de justicia y los derechos humanos universales, esta medida busca detener y arrestar a migrantes considerados ilegales en el Estado de Texas, lo que ha generado una oleada de críticas y repudio por parte del gobierno hondureño.
En un comunicado oficial, la Cancillería defendió la invaluable contribución de las comunidades migrantes en los Estados Unidos a lo largo de décadas, destacando su participación en el pago de impuestos, la revitalización urbana, la mano de obra calificada y su aporte en diversos campos científicos, tecnológicos e investigativos.
Además, citaron un informe del Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker de la Universidad Rice, que señala un beneficio neto de aproximadamente $420.9 millones de dólares durante el año fiscal 2018, generado por los ingresos de migrantes irregulares en Texas, superando los costos asociados con los servicios recibidos.
En este contexto, la criminalización de los migrantes fue condenada como una medida sin justificación lógica ni ética, e incluso podría interpretarse como un acto de discriminación racial y xenofobia, impulsado únicamente por objetivos políticos.
El Gobierno hondureño reafirmó su apoyo a un sistema legal que protege a los solicitantes de asilo y refugiados, así como a todos los convenios internacionales que resguardan los derechos de los migrantes.
Se instó a las autoridades estatales de Texas a reconsiderar esta política y a implementar medidas que garanticen la dignidad y los derechos humanos de todos los individuos, sin importar su estatus migratorio.
Además, se aseguró que las representaciones consulares de Honduras en Texas brindarán asistencia y protección consular a los ciudadanos hondureños afectados por estas decisiones judiciales.
En última instancia, se destacó la necesidad de respetar la ley, el derecho internacional y los principios de humanidad para construir una sociedad más justa y compasiva para todos.
