Tegucigalpa – En un desgarrador y trágico suceso que ha conmocionado a Honduras, la policía local ha logrado identificar a doce individuos implicados en el atentado criminal que resultó en la muerte de 46 mujeres en la cárcel femenina de Támara.
Esta revelación fue hecha esta mañana por el comisionado Juan López Róchez, Director de Planeamiento Procedimientos Operativos y Mejora Continua (DPPOMC).
Es importante destacar que entre las víctimas se encontraban mujeres embarazadas y niños que residían en el área designada para ellos, conocida como la sala cuna. Afortunadamente, las balas no alcanzaron a estos inocentes, quienes lograron salir ilesos.
Durante su comparecencia en el foro televisivo “Frente a Frente”, López Róchez informó que las sospechosas son presuntamente miembros de la Pandilla 18. Además, mencionó que durante las operaciones se confiscaron un total de 21 armas.
La versión de López Róchez fue respaldada por el comisionado y portavoz policial, Miguel Martínez Madrid, quien detalló que el informe preliminar apunta a que las perpetradoras del crimen son “personas del sexo femenino”. Según Martínez Madrid, existen pruebas técnicas, testimoniales y material audiovisual que respaldan esta teoría.
El portavoz policial explicó que un grupo de mujeres, supuestamente pertenecientes a la Pandilla 18, lograron intimidar a las guardias penitenciarias, reduciéndolas a la impotencia y arrebatándoles las llaves, lo que les permitió realizar cambios en los candados y facilitar así su acceso a las áreas restringidas de la prisión.
En el mismo foro, se unió a la discusión Jessica Sánchez, defensora de los derechos de las mujeres y líder de la sociedad civil, quien sostuvo que la tragedia ocurrida en la cárcel de Támara constituye un feminicidio.
Sánchez argumentó que el Estado no tomó las medidas necesarias para proteger a las mujeres que, estando bajo su tutela, fueron asesinadas. “Es un tema de impunidad”, enfatizó Sánchez.
Este inquietante incidente ha puesto en evidencia la necesidad de implementar medidas de seguridad más rigurosas en las prisiones hondureñas, así como de fortalecer las acciones encaminadas a proteger los derechos y la integridad de las mujeres privadas de libertad.
Es fundamental que las autoridades competentes aborden con prontitud y eficacia este caso, asegurando que se haga justicia y que se eviten futuros actos violentos de esta naturaleza.
Solo a través de un enfoque integral que incluya medidas de prevención, investigación y protección, se podrá garantizar un ambiente seguro y digno para todas las personas privadas de libertad.
