Tegucigalpa – El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, ha expresado su preocupación por el manejo de los bienes decomisados, argumentando que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) no cuenta con la capacidad necesaria para llevar a cabo esta tarea de manera efectiva.
Orellana considera que dejar la administración de estos bienes en manos de la OABI es un error colosal por parte del Estado, ya que esta entidad no sería capaz de garantizar el mantenimiento adecuado de los bienes ni de prevenir su uso en actividades ilícitas.
Estas declaraciones surgen en medio de acciones emprendidas por el Ministerio Público para privar definitivamente de dominio a 131 bienes presuntamente ilícitos vinculados al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y su esposa, Ana Rosalinda García Carías, así como otros miembros de su círculo cercano.
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En respuesta a las críticas de Orellana, el director de la OABI, Marco Antonio Zelaya, ha defendido la labor de la institución, señalando que durante el mandato de Orellana como Fiscal General del Estado, no se llevaron a cabo importantes decomisos.
Zelaya resalta que Orellana no logró poner tras las rejas a figuras relevantes como Rafael Callejas, mientras que la corte de Nueva York sí lo hizo.
Además, Zelaya cuestiona la autoridad moral de Orellana para criticar la gestión de la OABI, argumentando que no se puede afirmar haber hecho las cosas bien cuando no se ha dado oportunidad a otros funcionarios de demostrar su eficacia.
Estas declaraciones reflejan un debate en torno a la eficacia y la transparencia en el manejo de los bienes incautados por parte del Estado hondureño, y evidencian las tensiones entre diferentes actores del sistema judicial y de control.