Tegucigalpa – La incertidumbre en el Congreso Nacional de Honduras plantea dudas sobre la posibilidad de elegir un nuevo Fiscal General en el mes de septiembre, según lo expresado por el subjefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Tomás Ramírez.
La situación actual en el país, marcada por inestabilidad política y actos de protesta, está afectando la imagen de Honduras como destino de inversión.
En medio de esta coyuntura, el PSH manifiesta su apoyo a la revisión tributaria, pero con la condición de que las reformas estén acompañadas de una auténtica justicia tributaria y sean beneficiosas tanto para el gobierno central como para los empresarios interesados en invertir en el país.
Un elemento fundamental es que estas modificaciones no impacten negativamente al consumidor final.
Ramírez lamentó el ambiente de inestabilidad en el Congreso Nacional, que podría estar alejando a potenciales inversionistas que desean contribuir al desarrollo de Honduras.
El caos en el legislativo y las convocatorias a movilizaciones nacionales emitidas por la presidenta Xiomara Castro generan incertidumbre en el panorama político y económico.
En relación a la Ley de Justicia Tributaria, el representante del PSH destacó la necesidad de una revisión exhaustiva.
Además, criticó los actos recientes en el Congreso, que parecen estar motivados por caprichos políticos y que impiden un diálogo efectivo en las sesiones legislativas.
Ramírez expresó sus dudas sobre la posibilidad de elegir al nuevo Fiscal General el 1 de septiembre, ya que faltan apenas 18 días para la fecha y aún no se ha formado la comisión que evaluará a los candidatos.
A pesar de esto, aseguró que el PSH está listo para analizar a los cinco postulantes propuestos por la Junta Proponente y seleccionar a los dos más calificados.
En este contexto, el representante del PSH enfatizó la importancia de que las nuevas autoridades del Ministerio Público trabajen en beneficio del pueblo hondureño y no de intereses partidistas.
Además, cuestionó la demora de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en responder a los recursos presentados por los candidatos excluidos del proceso de elección.
