Apenas dos paises sudamericanos obtuvieron una puntuación superior a 50 sobre 100 en el índice anual presentado por Transparencia Internacional.
Por Infobae
La falta de independencia del poder judicial es uno de los principales problemas en la lucha contra la corrupción en América Latina, donde todos los países, salvo tres, obtienen una puntuación inferior a 50 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado por Transparencia Internacional (TI).
Los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como “más limpios” son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 73, 66 y 55 puntos, respectivamente, los únicos tres por encima de los 50 puntos, según este índice. En el resto del continente, Canadá está con 76 puntos; y Estados Unidos y Barbados, con 69 ambos.
A la cola como los más corruptos se sitúan Venezuela, con 13 puntos y Nicaragua (17) -con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de la independencia del poder judicial- y Honduras y Guatemala (23).
En una franja media, aunque de todas formas por debajo del aprobado, se sitúan Cuba (42), Colombia (40), Argentina (37), Brasil (36), República Dominicana y Panamá (35), Ecuador (34), Perú (33), El Salvador y México (31), Bolivia (29) y Paraguay (28).
Ausencia de independencia judicial
El informe de TI subraya que la falta de independencia judicial debilita el Estado de derecho, promueve la corrupción y fomenta la impunidad de los corruptos y criminales.
En este sentido, abordar este problema resulta imprescindible para combatir la corrupción de manera eficaz y garantizar el buen funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, en una región -la de las Américas, que incluye 32 países- cuyo promedio se mantiene en 43, agrega la ONG con sede en Berlín.
En lo que respecta a Venezuela y Nicaragua, los países que al igual que en años anteriores peor puntuación obtienen, “estamos hablando de dictaduras”, donde no existe ningún tipo de división de poder, reina la opacidad y las fronteras entre lo legal y lo ilegal “son extremadamente difusas”, dijo a la agencia de noticias EFE Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de TI.
En el caso de Venezuela, agregó, el poder judicial está completamente cooptado al servicio de las élites gobernantes y del crimen organizado, por lo que en ese país no hay “ninguna posibilidad de sancionar la corrupción”.
Además de Venezuela, a Torchiaro también le preocupa el caso de Guatemala, al ser de los países que más han declinado desde 2012 -diez puntos-, principalmente debido a la construcción de una élite económica y política en el país con tres gobiernos consecutivos aliados con prácticas corruptas.
En Guatemala el denominado “Pacto de los corruptos” ha cooptado a través de diferentes estrategias las instituciones del Estado, fundamentalmente al poder judicial para poder permanecer en el poder y poder garantizar su impunidad, señaló.
