Para muchos de los inmigrantes en Florida, la vida cotidiana ha cambiado radicalmente en los últimos meses y está marcada ahora por el miedo.
Por AP
Algunos tratan de manejar sólo para lo imprescindible y van menos veces al supermercado. Otros ya no llevan sus niños a los parques y temen dejarlos en las escuelas. Hay quienes incluso casi no salen a la calle, evitan viajar a otros estados, ir al médico o incluso cierran sus negocios y se mudan. Muchos están en alerta máxima después de que el gobernador republicano Ron DeSantis firmara una nueva ley de inmigración en mayo.
Considerada como una de las más estrictas de todo el país, la norma criminaliza el transporte de inmigrantes que carecen de estatus legal permanente, invalida todo tipo de identificación que tengan e impide a los gobiernos locales que les suministren tarjetas de identidad. Exige además a los hospitales que pregunten a los pacientes sobre su estatus migratorio y a las empresas con más de 25 empleados que verifiquen si sus trabajadores tienen autorización legal.
Ciertos aspectos de la ley ya están en vigencia. Otros empiezan a regir más adelante.
DeSantis, quien está en plena campaña para llegar a la presidencia del país, firmó la ley con la esperanza de conseguir el voto de electores conservadores y ha criticado al gobierno del presidente Joe Biden por permitir la llegada masiva de migrantes a través de la frontera con México.
“Van a ver una oleada masiva de extranjeros ilegales, tienen el deber de garantizar que estas fronteras sean seguras”, manifestó DeSantis al firmar la ley, un día antes de que terminaran normativas federales de inmigración vigentes durante la pandemia.
Desde entonces, inmigrantes entrevistados por Associated Press han expresado que sus rutinas cotidianas han cambiado por temor a ser detenidos, separados de sus familias y deportados a sus países de origen.
Una mujer que pidió no ser identificada por el riesgo de ser detenida dijo que el cambio en la ley le hizo sentir nuevamente un miedo parecido al que la impulsó a salir de su país.
“Me imaginé que veníamos para tener una vida mejor y estar más tranquila y no ha sido así”, dijo. “Siempre está el miedo de que nos pueda pasar algo”.
La hondureña, una madre soltera de 31 años, huyó de la violencia de su país con sus cuatro hijas en 2021 en busca de paz en Estados Unidos. Pidió asilo y trabajó como pintora de casas para sustentar a sus hijas y a su madre, que llegó hace seis años cruzando ilegalmente la frontera y no tiene estatus legal.
Antes de la aprobación de la nueva ley, su madre la ayudaba llevando a las niñas en automóvil a la escuela. Ahora teme que la policía la pare y la detenga por manejar sin licencia de conducir.
“Trata de no salir mucho y anda con precaución”, explicó.
Por la nueva ley, la hondureña perdió su trabajo.
Su empleador, un salvadoreño que tampoco tiene estatus migratorio, cerró abruptamente su pequeña empresa de servicios de pintura para casas y se fue de Florida. Ella pensó en irse, pero no tenía dinero para mudarse. Tardó más de un mes en encontrar otro empleo y mientras tanto susbistió con la ayuda de amigos y familiares.
