Tegucigalpa – La presidenta hondureña, Xiomara Castro, anunció el domingo “una intervención dura” en las cárceles de la nación en respuesta a una reyerta simultánea que evidenció la ingobernabilidad del sistema penitenciario.
La mandataria anunció que haría los primeros anuncios de emergencia el lunes 10 de abril y enfatizó que “lo que importa son los resultados”.
“La intervención será dura, pero respetuosa de la humanidad, de los encausados, sus familiares y defensores. El crimen se combate desde la prevención no sólo con el castigo”, según Castro.
Luego elogió a la Policía Nacional, que actualmente supervisa las 25 cárceles de la nación, y reiteró que intervendría firmemente en las prisiones.
La gobernante declaró: “Sé del esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente los Centros Penales”.
Castró fue muy claro cuando dijo: “Voy a poner mano dura y orden en las cárceles hasta que se transformen en Centros de Rehabilitación Penal, no en escuelas de delincuencia y tortura como las que he heredado”.
Cuatro disturbios y tiroteos simultáneos durante el Sábado de Gloria, que presuntamente involucraron a miembros de la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha MS-13, resultaron en una muerte y siete heridos.
Tanto el penal de Morocel en El Paraso (este) como el de Ilama en Santa Bárbara (oeste), ambos conocidos como «La Tolva», fueron donde se documentaron los hechos.
Y los otros dos fueron recluidos en instalaciones cercanas a Tegucigalpa, la capital del país, específicamente El Porvenir, también conocido como “El Pozo II”, y el Centro Penitenciario de Támara.
Digna Aguilar, vocera del INP, dijo que los cuatro penales quedaron rápidamente bajo control de las autoridades.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conpaprev) exigió a la Secretaría de Seguridad reforzar el Instituto Nacional Penitenciario (INP) mediante la designación de personal para velar por la vida e integridad de las 19,450 personas a las que se les niega el acceso a libertad, como el personal administrativo y los visitantes.
Desde 2019, al menos 180 presos han muerto en peleas provocadas por el conflicto interno entre las maras y pandillas que operan en el país. Los disturbios han aumentado en frecuencia en las prisiones de máxima seguridad de Honduras. según Conadeh, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
