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Interventora del Sistema 911 comienza a funcionar y promete reanudar los servicios “en breve”

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Tegucigalpa. – El lunes, los miembros de la Junta de Intervención del Servicio de Emergencia 911 tomaron el control de la organización y se comprometieron a reanudar la asistencia telefónica, que está suspendida desde septiembre de 2022 porque no se le ha pagado al contratista. También prometieron restaurar el sistema de cámaras de vigilancia.

En el primer paso de este proceso de 90 días, los auditores Roberto Reina, Goset Moncada y Gerardo Hernández se reunieron con mandos medios para conocer en detalle “la situación actual y dar las primeras instrucciones”, según un comunicado de la entidad. .

También examinarán cómo abordar uno de los mayores problemas que enfrenta este servicio: el retraso en los salarios de los empleados.

“Aquí nos quitamos el saco, nos remangamos y vamos a trabajar sin parar para poder salir de la crisis y dar respuesta a la sociedad, ese es el mandato”, dijo el comisionado presidente Roberto Reina.

Corporación Dinámica S.A, Sociedad Mercantil. de C. V., proveedor del sistema, puso fin al servicio al negarse a renegociar el contrato que alega es oneroso y que fue firmado por la administración anterior.

El contrato tiene un valor total de 150 millones de dólares (tres mil seiscientos setenta y cinco lempiras), por el cual se pagaron 1 punto ocho millones de dólares (44 punto tres millones de lempiras) mensuales en concepto de soporte y mantenimiento de la red. .

La Policía Nacional y otras organizaciones carecen de videos de hechos delictivos a raíz de la suspensión del sistema de cámaras que se instaló en varias ciudades, lo que impacta en las investigaciones.

El mismo impasse ha provocado retrasos en otras contingencias, incluyendo ciudadanos que solicitan asistencia médica y otro tipo de asistencia a través del 911.

La presidenta Xiomara Castro ordenó el envío del 911 para atender estas emergencias.

El comunicado concluyó exigiendo a la Junta de Auditoría que presente un informe con recomendaciones “para garantizar la correcta atención de las emergencias de seguridad, médica, de incendios y contingencias de impacto de fenómenos naturales” en un plazo de 90 días.

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