Nueva York – El juez Kevin Castel ha modificado la sesión pública programada para el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, inicialmente fijada para el jueves 15 de febrero, reemplazándola por una sesión cerrada el viernes 16, según informó Inner City Press.
El periodista que cubre la fuente en Nueva York confirmó que «se cancela una sesión pública prevista para el 15 de febrero y se sustituye por una sesión cerrada el viernes».
Ana Rosalinda García, la exprimera dama, también corroboró la programación de una audiencia clasificada CIPA para el viernes 16 de febrero a las 3:00 de la tarde, dictaminada por el juez Castel.
«En el caso contra mi esposo @JuanOrlandoH, la conferencia de estado que había sido programada desde el 11 de febrero para mañana jueves 15 de febrero de 2024 a las 10:00 am SE CANCELO. Habrá una audiencia clasificada CIPA § 6(c) el viernes 16 de febrero de 2024 a las 3:00», indicó García de Hernández.
El documento emitido por el juez Castel detalla el cambio de conferencia de estado programada para este jueves 15 de febrero.
En una audiencia celebrada este miércoles, la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, la fiscalía y el juez Kevin Castel discutieron la información clasificada en el caso del exgobernante, solicitada por los abogados de JOH, según reportes de medios de comunicación en Nueva York.
La abogada Sabrina Shroff, representante legal del expresidente Juan Orlando Hernández, y la Fiscalía fueron las únicas participantes en la audiencia programada para las 10:00 de la mañana, donde se discutiría la carga probatoria contra el acusado, pero todo tuvo lugar a puerta cerrada, por lo que no se divulgaron más detalles.
Previo a esto, Shroff expresó su descontento por las restricciones tardías impuestas para acceder a la información clasificada que maneja la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Analistas y reportes de prensa sugieren que la información está vinculada a instituciones de inteligencia de Estados Unidos (como la DEA y la CIA), y debido a razones de seguridad, es probable que permanezca oculta por reglas de confidencialidad. La Fiscalía de Nueva York argumenta que la información es secreta y de seguridad, e incluso podría comprometer investigaciones en curso y operaciones en Honduras y la región.
