Tegucigalpa – La exprimera dama, Ana García, compartió el viernes una serie de ordenanzas emitidas por el juez Kevin Castel, estableciendo plazos y requisitos a cumplir antes del 9 de enero de 2024.
Estas disposiciones están relacionadas con el proceso legal en el que se encuentra involucrado el expresidente Juan Orlando Hernández.
Según la información compartida por García de Hernández, el gobierno tiene la responsabilidad de proporcionar al tribunal y a los abogados autorizados una actualización detallada sobre el estado de las consultas con las partes interesadas.
Este proceso permitirá que Juan Orlando revise ciertos materiales en un entorno SCIF (Instalación de Información Sensible Compartimentada), que es una área cerrada utilizada para procesar información clasificada sensible en términos de seguridad y defensa nacional.
Adicionalmente, el gobierno debe informar al tribunal y a los abogados autorizados sobre el estado de cualquier consulta previa, acuerdos o procedimientos de seguridad necesarios para la reunión entre los abogados autorizados. Este requisito también abarca la participación de abogados no autorizados, un intérprete autorizado y Juan Orlando en un SCIF.
En la tercera ordenanza, se destaca que la abogada de la defensa autorizada presentará sus puntos de vista sobre la adopción por parte del gobierno de una sugerencia realizada durante una audiencia clasificada en diciembre de 2023. Además, se exige un cronograma para la implementación de dicha propuesta.
Estas disposiciones evidencian el seguimiento y la rigurosidad del proceso legal en curso, marcando pautas específicas que deben cumplirse en un plazo establecido, contribuyendo así a la transparencia y eficiencia del procedimiento judicial.
