La defensa del ex presidente de Honduras y la fiscalía entablaron una guerra por pruebas que incluyen supuestos intercambios secretos entre Washington y Tegucigalpa.
Por Infobae
El frío había espantado a buena parte de los hondureños que han rondado el edificio que alberga a la corte federal del Distrito Sur en Manhattan, cerca del barrio chino y Wall Street. Periodistas, activistas por derechos humanos y migrantes que quieren ver de cerca a Juan Orlando Hernández Alvarado, el expresidente de Honduras acusado de narcotráfico e importación de armas, llevan al menos una semana acampados entre las mesitas de concreto y los juegos infantiles del pequeño Columbus Park, frente a la sede judicial, tras la nueva dilación que sufrió su comienzo la semana pasada.
Tras varias prórrogas y atrasos en la fecha de inicio, las audiencias estaban programadas para iniciar el pasado 12 de febrero con la selección de los 12 jurados titulares y los 3 suplentes, fecha que luego se reprogramó para este martes 20 de febrero y fue confirmada este viernes por la Corte a pesar de los intentos de la defensa por una nueva dilación.
Desde la semana pasada, la defensa del hondureño estaba enfrascada en una batalla legal con el Departamento de Justicia (DOJ en inglés) y sus fiscales por el acceso de Hernández a documentos clasificados del gobierno estadounidense que puedan ser útiles a su defensa, o incluso que puedan alimentar una posible declaración del expresidente en el estrado, bajo juramento, ante Kevin Castel, el juez que lleva el caso.
La defensa de Hernández permaneció en relativo silencio durante casi un año. Raymond Colon, el abogado que lideró el equipo hasta enero de este año, introdujo peticiones de que la fiscalía pusiera a disposición todas las pruebas que pensaba utilizar en el juicio. Los fiscales, sin embargo, ya habían delineado las principales tesis de su caso contra Hernández en el resumen de pruebas que presentaron al tribunal en mayo de 2023, al que han añadido evidencia en dos ocasiones, la última en enero de 2024, cuando introdujo audios de cuatro llamadas de un líder pandillero de la MS13 que hace referencia a supuestas alianzas con Hernández en temas de narcotráfico y sicariato. A todo eso ha tenido acceso la defensa.
A lo largo de 2023 surgió, además, el asunto del acceso a información clasificada del gobierno estadounidense, que fiscalía y defensa preveían sería presentada como evidencia durante el juicio. El caso de Hernández se pintaba, por la existencia de este tipo de información, diferente a los de otros políticos y narcotraficantes hondureños detenidos y juzgados en Estados Unidos desde 2014. Ninguno de esos imputados fue jefe de Estado como Hernández, quien en su calidad de presidente del Congreso hondureño primer y del país después sostuvo decenas de conversaciones con funcionarios estadounidenses.
Hernández y Colon llevaron como asesora de la defensa a la abogada Sabrina Schroff, especialista en documentación clasificada y, más importante, con permiso formal para acceder a información clasificado, algo que Colon no tiene. Schroff, sin embargo, no fue incorporada como miembro oficial del equipo defensor hasta el 13 de febrero pasado, cuando ya el asunto de la información clasificada pasó a ser el corazón de la discusión en las etapas previas al juicio.
¿De qué hablan las pruebas clasificadas?
Damián Williams, el jefe de fiscales en el distrito sur de Nueva York, envió una carta al juez Kevin Castel el 12 de febrero pasado en la que le anunciaba la introducción de un nuevo paquete de información clasificada como potencial evidencia a ser utilizada durante el juicio. A diferencia de otras ocasiones en que la fiscalía ofreció este tipo de documentos, esta vez la defensa contaba ya, oficialmente, con Sabrina Schroff, la abogada con acceso a información confidencial, quien, a juzgar por la batalla que estaba a punto de empezar, diseccionó lo presentado por los fiscales y apuró un procedimiento de desclasificación de información de documentos específicos.
Desde que la nombraron, el 10 de febrero, Schroff empujó la desclasificación de un número no especificado de documentos en el marco de la Ley para el Procesamiento de Información Clasificada (CIPA, Classified Information Processing Act, en inglés), la cual establece un protocolo bastante preciso que incluye etapas de desclasificación que van desde la categoría uno hasta la 7 dependiendo de la sensibilidad del material introducido a la corte y del nivel de desclasificación requerido. Por ejemplo, si un documento es de sensibilidad alta y una de las partes requiere leerlo completo ante otras partes del proceso judicial que no cuentan con acceso este tipo de material -o clearance, que es el término en inglés-, incluidos el juez, los jurados y el mismo acusado, es muy posible que la petición llegue hasta la categoría 7. Eso ha pasado en el caso de Juan Orlando Hernández.
Un abogado estadounidense que trabajó para el Departamento de Estado en Washington opinó que Schroff y la defensa del expresidente buscan acceso a esos documentos para apoyar su estrategia de defensa o para preparar a Hernández de cara a una posible subida al estrado para ser interrogado sobre su versión de las actividades de narcotráfico que le imputan.
“La narrativa del gobierno -fiscalía- es que Hernández era el jefe de un cartel de drogas en Honduras, y que lo era siendo presidente del país. Y me parece que lo que ahora quiere hacer Hernández, junto a sus defensores, es decir que él siempre fue aliado de Estados Unidos y que colaboró con las agencias de Estados Unidos como la DEA y la CIA”, dice el abogado de Washington, quien habló con Infobae bajo condición desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo de otra forma.
En Honduras, Ana García de Hernández, esposa del expresidente y su principal vocera, encabeza un esfuerzo público por avanzar la tesis de que su esposo está preso por combatir a narcotraficantes, quienes en venganza declararon en su contra ante las autoridades estadounidenses que los capturaron y enjuiciaron. En sus intervenciones, la exprimera dama también suele destacar reuniones con funcionarios de alto nivel en el gobierno de Donald Trump, como el vicepresidente Mike Pence o el exjefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas, el general John Kelly.
Es imposible saber qué documentos específicos quiere desclasificar la defensa de Hernández, pero la narrativa de su entorno y lo que él mismo dijo respecto a su relación con funcionarios estadounidenses cuando por primera vez se le mencionó como supuesto cómplice de narcos hondureños permiten prever que su defensa intentará insertar dos dudas en el jurado: Hernández colaboró con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y, si hizo algo fuera de la ley, Washington ya lo sabía.
El gobierno de Estados Unidos ha descartado desde hace tiempo estas tesis. Uno de los principales argumentos de Hernández es que él abanderó la guerra antidrogas de Estados Unidos en Centroamérica cuando fue presidente. Eso, dicen los fiscales, es falso; más bien, según el relato que la fiscalía hila en los documentos probatorios, Juan Orlando Hernández utilizó su poder político para deshacerse de enemigos en el mundo del crimen, para proteger cargamentos de cocaína y para avanzar un imperio criminal que permitió el traslado de miles de toneladas de droga a Estados Unidos. Un ejemplo al que suelen acudir los fiscales es al discurso de Hernández de que él empujó la extradición de capos, el cual, argumentan, también es falso: la mayoría de los narcos que terminaron en cárceles de Texas, Florida o Nueva York se entregaron a los estadounidenses o fueron capturados por la policía hondureña y la Agencia Antidrogas (La DEA) a espaldas del entonces presidente.
Tampoco, ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, está aquí en juicio la política exterior de Washington o sus formas de colaboración con jefes de Estado en ejercicio. En un documento, los fiscales se refieren incluso al antecedente del expresidente panameño Manuel Noriega, quien fue aliado de Estados Unidos y terminó procesado por narcotráfico. En ese caso, alegan, se juzgó su actividad criminal, no su relación con Washington como presidente.
Como sea, si algo hay diferente en el caso de Juan Orlando Hernández respecto al de otros juzgados por narcotráfico es que ninguno de ellos tuvo una relación privilegiada con los Estados Unidos. Sabrina Schroff, la abogada del expresidente, parece dispuesta a ventilar en el juicio detalles íntimos de esa relación.
“Lo más probable es que se trate de cables internos del gobierno de Estados Unidos que digan que JOH -así se conoce a Hernández en Honduras por sus iniciales- era aliado en el combate contra el narcotráfico, pero es probable que también haya cables que digan que Estados Unidos ya sabía que él era narco… o que era fuente de alguna agencia”, piensa un analista de información militar que trabajó para el gobierno estadounidense durante los años en que Hernández fue presidente de Honduras.
A inicios de 2024, cuando ya todo parecía listo para que el juicio arrancara, se sucedieron varios hechos que terminarían modificando la naturaleza y la línea de tiempo de todo el procedimiento judicial. Por ahora, los reporteros y buena parte de Honduras siguen en incertidumbre.
A finales de enero de este año, durante una audiencia preparatoria, Hernández pidió al juez Castel cambio de abogado. Raymond Colon, el letrado al que el expresidente había contratado, presentó por escrito excusas médicas para alegar que no podía seguir en el asunto. Castel no compró el argumento y se limitó a nombrar segundo abogado a Renato Stabile, un prestigioso defensor local.
Siguieron un par de bombas. Dos exfuncionarios hondureños que hasta entonces habían sido coimputados en el juicio a Hernández se declararon culpables, lo cual abrió la especulación sobre la posibilidad de que la fiscalía los ofreciera a ambos como testigos de cargo contra el expresidente. Si eso ocurre el asunto podría lastimar los intereses de Hernández. Uno de los exfuncionarios es Juan Carlos Bonilla Valladares, alias el Tigre, exdirector de la policía nacional a quien la fiscalía estadounidense acusó de servir como sicario en la organización criminal dirigida por el expresidente.
Vino luego el nombramiento de la abogada Schroff y, con ella, todo el drama de los documentos desclasificados que aún mantiene en incertidumbre a Honduras. Mientras eso no se resuelva, el arranque del juicio al expresidente Juan Orlando Hernández en la corte del distrito sur de Nueva York sigue en suspenso.
A última hora del jueves 15 de febrero, el abogado Renato Stabile, otro de los miembros de la defensa, introdujo una nueva petición para posponer el inicio del juicio entre 90 y 180 días. Stabile reveló que Hernández no ha terminado de revisar 540 páginas de material clasificado que la fiscalía envió en un paquete de 40 documentos el miércoles anterior, y que el expresidente ha identificado a varios potenciales testigos en Honduras a los que pedirá citar a Nueva York. Además, JOH se sigue reservando la decisión sobre subir al estrado. Al día siguiente, el juez Casterl confirmó que se acabaron las vueltas y este martes comienza el show.
