Tegucigalpa – Mientras el gobierno de Xiomara Castro promueve la construcción de nuevos centros penales con inversiones superiores a dos mil millones de lempiras, la cárcel de Acequia en Naco, Cortés, permanece como un monumento al abandono institucional, tras dos décadas de promesas incumplidas y recursos mal administrados.
El proyecto, iniciado durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) como respuesta a la tragedia del presidio sampedrano donde 107 reclusos perdieron la vida en 2004, ha atravesado múltiples administraciones sin lograr su conclusión.
La obra, diseñada para albergar a 2,500 privados de libertad en 200 hectáreas de terreno, solo alcanzó un 50% de su construcción original antes de ser abandonada.
En abril de 2024, la presidenta Castro y la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, realizaron una inspección a las instalaciones inconclusas, comprometiéndose a retomar su construcción.
Sin embargo, meses después, el proyecto continúa en el limbo mientras la maleza devora las estructuras existentes en las que se invirtieron aproximadamente 193 millones de lempiras.
La historia de Acequia está marcada por discontinuidades administrativas y promesas incumplidas. Durante el gobierno de Manuel Zelaya se creó una comisión especial mediante decreto ejecutivo, pero los desembolsos nunca se materializaron.
Monseñor Rómulo Emiliani, quien lideró el comité de supervisión, denunció en 2016 la falta de apoyo financiero, calificando el proyecto como «un sueño frustrado».
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate contra la Corrupción Pública inició en 2021 una investigación sobre el abandono de la obra, cuyos resultados aún se desconocen.
Mientras tanto, el gobierno actual impulsa la construcción de nuevos centros penales en las Islas del Cisne y Mocorón, dejando en el aire la interrogante sobre por qué no se prioriza la conclusión de una infraestructura existente que podría representar una solución más inmediata y económica para la crisis penitenciaria del país.
La paradoja de Acequia refleja una constante en la política penitenciaria hondureña: la tendencia a iniciar nuevos proyectos mientras las obras existentes se deterioran, generando un ciclo de inversiones inconclusas que drenan los recursos públicos sin resolver efectivamente el problema de hacinamiento en las cárceles del país.
