Tegucigalpa – La presidenta de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Julissa Villanueva, ha asegurado que la situación al interior de los centros penitenciarios de Honduras «está funcionando mejor que nunca».
A pesar de que la violencia persiste en las cárceles de máxima seguridad, la viceministra de Seguridad sostiene que las cosas van por buen camino gracias a la integridad y profesionalismo de las personas que forman parte de la intervención y su profundo conocimiento de la problemática.
«Poco a poco hemos venido poniendo al descubierto lo que hay ahí adentro, esto se resume en una corrupción desmedida de personas de mucha índole», afirmó. Sin embargo, reconoce que la intervención depende en gran medida de la colaboración de la Policía, ya que actualmente no existen entidades penitenciarias debidamente formadas.
En ese sentido, la viceministra subraya la necesidad de contar con al menos dos mil agentes penitenciarios, de los cuales 800 deberían tener competencia técnica y formar parte de una fuerza de reacción inmediata. Estas cifras son indispensables para garantizar una gestión penitenciaria adecuada y una respuesta eficiente ante situaciones de emergencia.
La Comisión Interventora reafirma su compromiso de no tolerar la violencia carcelaria, especialmente tras los recientes tiroteos que tuvieron lugar en la cárcel de «El Pozo» en Ilama Santa Bárbara y «La Tolva» en Morocelí, El Paraíso, los cuales resultaron en dos personas fallecidas y dos heridos. Ante estos actos violentos, las autoridades del INP se comprometen a llevar a cabo investigaciones exhaustivas para determinar responsabilidades penales y aplicar sanciones disciplinarias.
A pesar de los esfuerzos por implementar nuevas y más innovadoras medidas de seguridad, así como la realización de operaciones con la participación de hasta 2,500 agentes policiales, la ingobernabilidad y las muertes en los centros de detención continúan siendo un desafío persistente.
La intervención en los centros penitenciarios de Honduras se enfrenta a numerosos retos y desafíos en su lucha por restablecer el orden y la seguridad. La corrupción arraigada y la falta de recursos humanos y logísticos adecuados representan obstáculos significativos. Sin embargo, las autoridades del INP se mantienen comprometidas en su labor y buscan soluciones efectivas para superar estos desafíos y lograr un sistema penitenciario más seguro y funcional.
