Tegucigalpa – Según el portal Americas Quarterly (AQ), casi el 29 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras corresponde a remesas, lo que representa el porcentaje más alto en América Latina.
Este fenómeno ha experimentado un crecimiento significativo en la última década, duplicando su valor desde 2012 hasta 2022.
Si bien las remesas desempeñan un papel crucial al proporcionar un apoyo económico vital para las familias hondureñas, permitiéndoles cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación, también plantean desafíos para el gobierno en términos de provisión de servicios básicos y abordaje de problemas fundamentales como la migración, el desempleo y el crimen.
Esta situación ha llevado a lo que se conoce como la “trampa de las remesas”, en la que Honduras y su gobierno se encuentran dependiendo en gran medida de este flujo constante de ingresos, pero a un alto costo. Según describen los expertos, esta dependencia disminuye el incentivo para que el gobierno implemente políticas efectivas que ataquen las causas subyacentes de los problemas sociales y económicos del país.
La presidenta Xiomara Castro ha anunciado su intención de establecer una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aunque aún no se ha fijado una fecha específica para su implementación, ya existe un memorándum de entendimiento y se espera la llegada de una misión de expertos al país el próximo 9 de julio para comenzar a trabajar en este tema.
En un intento por abordar el problema del crimen, el gobierno ha fortalecido el papel de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad. Sin embargo, esta medida ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional debido a las posibles implicaciones para las garantías constitucionales y los derechos humanos.
Además, existe inquietud acerca de la capacidad del sistema penitenciario para hacer frente al aumento de arrestos debido al estado de excepción en 123 municipios de Honduras, así como la implementación de toques de queda en las ciudades de San Pedro Sula y Choloma, en el departamento de Cortés.
Por otro lado, la presidenta Castro ha establecido relaciones diplomáticas con China, rompiendo así los lazos con Taiwán, un socio que había estado presente en Honduras durante ocho décadas.
El objetivo de esta nueva alianza es atraer inversiones y llevar a cabo proyectos de infraestructura, incluyendo la posible construcción de una represa hidroeléctrica, con el fin de impulsar el desarrollo económico y reducir la migración.
A pesar de estas acciones, los hondureños continúan dejando su país en busca de mejores oportunidades, lo que incrementa el flujo de remesas. Según el Instituto de Política Migratoria, en 2019 había cerca de medio millón de hondureños indocumentados viviendo en Estados Unidos, lo que representa aproximadamente el 5% de la población de Honduras.
