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La Fiscal Francia Medina realizó 37 transacciones en las bóvedas del BCH

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Tegucigalpa – La fiscal Francia Sofía Medina se encuentra en el centro de una controversia luego de llevar a cabo 37 retiros de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), sumando un total significativo de 3.6 millones de dólares, equivalente a 88 millones de lempiras.

Estos movimientos financieros han desencadenado una serie de acusaciones en su contra, incluyendo presuntos delitos de lavado de activos, sustracción y ocultamiento de documentos en custodia, así como el uso de información privilegiada y enriquecimiento ilícito. La fiscal enfrentará una audiencia inicial este domingo 3 de diciembre para abordar formalmente estas imputaciones.

Ante las acusaciones, el abogado defensor de Medina, Percy Elvir, anunció que la estrategia de defensa se centrará en los 37 delitos de falsificación de documentos que se le imputan a su representada. Reconoció la complejidad del caso, dadas las delicadas acusaciones que abarcan desde lavado de activos hasta enriquecimiento ilícito.

En cuanto a la cuestión de si la fiscal realizó los retiros mientras estaba incapacitada, Elvir señaló que el proceso de solicitud de devolución de las evidencias no es inmediato.

Explicó que existe un término de aproximadamente un mes desde que se realiza la solicitud, y resaltó que, según el requerimiento fiscal, hubo cuatro acciones durante las cuales se cobró o se recibió la evidencia, y en esos momentos específicos, la representada estaba incapacitada.

El abogado subrayó que la devolución de evidencias no se realiza de manera arbitraria, sino que sigue tres vías específicas: se depositan en las cuentas de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) conforme a la ley; se presentan como evidencia en el momento del juicio oral si así lo dispone el Ministerio Público (MP); o cuando el acusado recibe una sentencia absolutoria y la Fiscalía está obligada a proceder a la devolución.

Además de las acusaciones contra la fiscal Medina, el requerimiento fiscal también imputa a Adela María Sneider, tía de la fiscal, por testaferrato, alegando que habría donado un inmueble a su sobrina.

Este elemento añade una capa adicional de complejidad al caso, suscitando interrogantes sobre las conexiones familiares y su posible influencia en las transacciones financieras y legales.

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