Tegucigalpa. – En un importante avance en la lucha contra el crimen organizado, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) ha obtenido una sentencia declaratoria de comiso que afecta a 183 bienes pertenecientes a Javier Antonio Cerrato Oliva, su familia y socios, vinculados al clan de los Cerrato.
Estos activos confiscados comprenden 56 inmuebles, 81 muebles, tres sociedades mercantiles, 43 productos financieros y un lote de semovientes. Se encuentran ubicados en los departamentos de Colón, Yoro, Atlántida y Francisco Morazán.
Según las investigaciones realizadas por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), gran parte de estos bienes fueron adquiridos en un lapso de tres años durante un periodo de 16 años que ha sido objeto de indagación.
El caso se inició en 2006 y se estima que el capital injustificado acumulado por el Clan Cerrato asciende a casi mil 500 millones de lempiras.
A lo largo de ese tiempo, la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha reportado en repetidas ocasiones operaciones y transacciones sospechosas al Ministerio Público.
Mediante diversas diligencias, la Fescco y la DLCN han documentado el crecimiento económico desproporcionado de Javier Antonio Cerrato Oliva, quien inicialmente manejaba la Ferretería Javier en Tocoa con un capital de 35 mil lempiras y posteriormente llegó a gestionar sumas millonarias que no guardaban relación con la actividad que desarrollaba.
Asimismo, se ha establecido la conexión entre los movimientos financieros y las relaciones de los titulares de derechos en este caso con Wilter Neptalí Blanco Ruíz, quien fue extraditado y condenado por narcotráfico en Estados Unidos, así como con la corporación Blanco y Melgar, también propiedad de Cerrato.
Entre los bienes afectados por la sentencia de privación de dominio se encuentran propiedades de Javier Antonio Cerrato Oliva, sus parejas sentimentales Zonia Anabel Padilla Cruz y Blanca Francisca Canelas Munguía, y sus hijos José Alfredo Cerrato Canelas, Máximo José Cerrato Canelas, Javier Antonio Cerrato Padilla y Lindley Lorena Cerrato Cruz.
También están incluidas las empresas Ferretería Javier, Javier Ferretería S. de R.L. y Centro de Cerámicas e Interiores Javier S. de R.L.
La fecha de notificación de la sentencia por escrito está programada para el próximo 26 de junio, marcando un hito en la lucha contra el crimen organizado y enviando un claro mensaje de que los delitos económicos y financieros no quedarán impunes en Honduras.
